EL DESMANTELAMIENTO DE UN 'RÉGIMEN'
LA QUIEBRA DE BANCAJA, CAM Y BANCO DE VALENCIA

El ´gran casino´ reventó las cajas

Zaplana cambió la ley para controlar políticamente Bancaja y la CAM, que durante 15 años financiaron proyectos ruinosos y caprichos del Consell popular

04.12.2013 | 05:30
José Luis Olivas, Francisco Camps y Eduardo Zaplana, en una convención del PP en 2004.
José Luis Olivas, Francisco Camps y Eduardo Zaplana, en una convención del PP en 2004.

A cabaron enterradas en el subsuelo por haber abusado de la compra de suelo. Pero su excesiva exposición al riesgo crediticio inmobiliario no fue el único pecado de las cajas valencianas en su vida loca. El Consell las condujo durante quince años por el borde del precipicio. Y la crisis las empujó al abismo. Nada más llegar al poder, Eduardo Zaplana se propuso demostrar por qué «Un liberal para el cambio» era su lema de campaña. Igual que intervino Canal 9 asaltó la banca, la otra pata estratégica para levantar el régimen popular. Zaplana dio el gran golpe cuando cambió la ley para controlar las cajas. Levante-EMV denunció ya entonces sin ahorrar contundencia («El gran golpe», 2 de febrero de 1997) una reforma legal que abrió el camino en España para un mayor control político de las entidades, según destacaba el diario a toda página el 8 de mayo de 1999.

Bancaja y la CAM fueron usadas por Zaplana, Olivas y Camps para financiar grandes proyectos (Ciudad de la Luz o Terra Mítica), eventos como la Fórmula 1 para fomentar el clientelismo a través de colocaciones en los órganos de gobierno de las entidades. Vicio este último del que no está exenta la oposición. Las cajas de ahorro se convirtieron en patrocinadoras de este gran casino que ha sido la C. Valenciana, ahora en fase de liquidación por parte de Alberto Fabra. Los criterios de interés político destronaron a los económicos. Bien lo sabe Julio de Miguel. Su negativa a inyectar más dinero en Terra Mítica fue el detonante de su relevo al frente de Bancaja. Se contó el 2 de noviembre de 2003. Para evitar la suspensión de pagos del parque de Benidorm CAM y Bancaja, accionistas del complejo, habían tenido que facilitar sendos préstamos de 30 millones un año antes. Nada se resistía a Zaplana. Si la ley no le daba juego, se cambiaba la ley. De hecho, la oposición de las dos principales cajas a pagar la Universidad de Elx, clave para el primer Consell popular, motivó el cambio de la ley de cajas. Así se podía relevar a los gestores, según se explicó en estas páginas el 8 de octubre 1996.

La ley socialista 31/85 ya consagraba una presencia política al otorgar a los ayuntamientos el 35% de los puestos en los órganos de gobierno, pero la nueva norma, de 1997, significaba un asalto total a las cajas para subyugarlas. El proyecto, elaborado por José Manuel Uncio y José Mª Mas Millet, daba al Consell el 28% de la representación, el mismo porcentaje que impositores y corporaciones locales. Conclusión: los políticos pasaban a ser mayoría (56%). Con el cambió de la norma, Zaplana pudo forzar la dimisión de José María Simó y, luego, la de Emilio Tortosa en Bancaja. El PSPV denunció el golpe, pero al final consintió a cambio de entrar en el reparto.

La bronca entre campsistas y zaplanistas por copar las plazas en los órganos de control fueron un capítulo más de la politización (16 de noviembre de 2006). El episodio más revelador es, sin duda, el acceso de José Luis Olivas en 2004 a la presidencia de Bancaja. Igual que otros hicieron el tránsito del Palau a la tele del Palau (Carrascosa, Reig o Pedro García), Olivas pasó del Consell a una caja del Consell.
Bancaja y la CAM no pudieron escatimar en créditos ruinosos a Terra Mítica, donde eran socias de referencia, junto con la Generalitat. Acabaron vendiendo por 65 millones a Aqualandia un parque en el que se habían invertido más de 400. El 4 de noviembre de 2003, Levante-EMV informó de que Bancaja y CAM arriesgaban ya casi 200 millones en capital y créditos a Terra Mítica. El 20 de diciembre, la agencia Moody´s alertó a la la caja alicantina del elevado riesgo contraído con el parque. Tanto que en mayo de 2004 entró en suspensión de pagos.

Estas aventuras fallidas, junto al fracaso de una expansión agresiva y un exceso de créditos a clientes de alto  riesgo, acabaron por  volatilizar a la tercera y la cuarta caja de España. El éxito centenario colapsó en apenas una década. La crisis destapó las vergüenzas y malas inversiones. Tres pinceladas: entre 1988 y 2008, el crédito al ladrillo se multiplicó por 45 en Bancaja, el 60% de las empresas  participadas por la CAM cerró 2010 con pérdidas y ese año la caja alicantina perdió 522 millones por el deterioro de su cartera  inmobiliaria. Antes de la crisis, Bancaja sumaba 111.000 millones en activos, pero el hundimiento de la economía la pilló con una cartera de créditos fallidos con constructoras y promotoras y con más de la mitad de los  activos inmobiliarios (52,2%) en bolsas de suelo sin edificar.

En 2011 se consumó la defunción del sistema financiero valenciano. El 20 de julio, Bankia confirmaba su salida a bolsa, 24 horas antes de la dimisión de Francisco Camps por la causa de los trajes Gürtel. Toda una premonición. Al día siguiente, el viernes 22, el Banco de España nacionalizó la CAM y destituyó a sus gestores. El  21 de noviembre, el banco central intervino el Banco de Valencia y el 7 de diciembre, el Banco Sabadell adquirió por 1 euro la caja alicantina. La Caixa se quedó después el Banco de Valencia por la misma cantidad simbólica. Aquella reunión de noviembre de 2009 en la que Camps advirtió a los presidentes de las cajas de que no permitiría que acabaran en manos de otras entidades sonó a chiste macabro.

Los responsables de la excesiva exposición de las cajas al  ladrillo (la CAM tenía 155 millones de créditos fallidos con Martinsa; 137 con Nozar; 122 con Polaris o 100 con Paco «el Pocero») no renunciaron a las millonarias indemnizaciones. El imputado Olivas se llevó 1,6  millones y 5,8 el ex director general de la CAM Roberto López Abad, recién salido de prisión tras depositar la fianza e implicado en el presunto cobro de comisiones a la caja y en paraísos fiscales en relación con los negocios hoteleros de la entidad en El Caribe.

Ciudad de la Luz

«Peli» con sombras, líos y final triste: está en venta y la UE la condenó a devolver 265 millones
Se inauguró en abril de 2003 con una sola fase terminada. El diario alertó de esa circunstancia el 9 de marzo. Zaplana y Ana Botella presentaron el proyecto en el Palacio de Arganzuela en Madrid. El sarao costó 484.410 euros, como denunció Levante-EMV el 19 de marzo de 2005. Así arrancó esta película.
En el modelo económico de abrir minas de euforia, a Alicante se le reservo un Hollywood. La sociedad pública SPTA, en nombre de Ciudad de la Luz, y Producciones Aguamarga (presidida por luis García Berlanga) firmaron un contrato el 21 de diciembre de 2000 por el que el complejo público pagaba 1,4 millones a la empresa a cambio de «servicios de asesoramiento« y gestión de los estudios. Paralelamente, Paramount firmó un acuerdo de colaboración por el que cobraba 6,6 millones a cambio de «estar disponible» para realizar trabajos de consultoría para Ciudad de la Luz. Se pagaba por la actitud positiva.
El polémico acuerdo fue información destacada a cinco columnas el 3 de febrero de 2002. El 2 de enero de 2003, se publicó que el Síndic de Comptes denunció el acuerdo entre la SPTA y Paramount y subrayó que no se había podido acreditar la efectiva prestación del servicio de asesoramiento. Sí en cambio, el cobro de 183.000 euros anuales por parte de dos consejeros de Ciudad de la Luz. Entre los dispendios sobre los que alertó la Sindicatura y este periódico informó debidamente el 24 de diciembre de 2009 figura el pago de medio millón de euros al director Francis Ford Coppola por pronunciar una conferencia en el centro de estudios del complejo cinematográfico de Alicante.
El 14 de febrero de 2008, estas páginas recogieron una noticia que, junto con la falta de rodajes acentuada por la crisis, provocó la defunción de cualquier posible viabilidad del proyecto: «Bruselas investiga si las subvenciones del Consell a la Ciudad de la Luz son ilegales». La UE dictaminó que las ayudas públicas eran ilegales y obligó al complejo a devolver 265 millones a la Generalitat, que tiene en venta y sin comprador la Ciudad de la Luz. En estos estudios que acumulan 200 millones de pérdidas, se han invertido cerca de 300 millones. La condena de la UE por las ayudas públicas se produjo a raíz de una denuncia de dos empresas, una de ellas el principal estudio europeo, el británico Pinewood. En 2008, cuando empezó a notarse la crisis, los estudios estuvieron ocupados en un 15% de su capacidad, sin apenas rodajes y al borde de la quiebra. El 14 de diciembre de 2010, se publicó que Ciudad de la Luz despedía a la gestora del estudio, Aguamarga, en medio de demandas cruzadas. Este enfrentamiento ha sido la puntilla.

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