Una nueva Plataforma pels Drets Lingüístics al País Valencià se presentó ayer en sociedad para declarar el 4 de diciembre como Dia dels Drets Lingüístics en la Comunitat Valenciana y, así, evidenciar «las múltiples vulneraciones de estos derechos que sufren los ciudadanos valencianohablantes». Encabezados por Escola Valenciana, Acció Cultural, los grandes sindicatos y todos los partidos de la oposición representados en las Corts, la nueva plataforma presentó en la Delegación del Gobierno una veintena de casos documentados de vulneración de estos derechos. Como bandera de todos ellos figura la de Carles Mateu, un comercial de Almenara de 41 años que fue retenido por la Guardia Civil durante dos horas por expresarse en valenciano, sufrió insultos y humillaciones de los agentes y tres denuncias presuntamente falsas que ascendían a 1.000 euros, la retirada del carné de conducir durante un año y seis meses de prisión por desobediencia a la autoridad, según denunció él mismo en un caso de amplio revuelo mediático.
Además de ofrecer los contactos para realizar las denuncias lingüísticas en Escola Valenciana, Acció Cultural, Intersindical, CC OO y UGT, la plataforma presentó el protocolo «Què cal fer davant d'una agressió lingüística». La primera frase es una declaración de intenciones: «Tenemos todo el derecho a vivir en valenciano en nuestro país. Nuestra lengua no sólo es oficial, sino que es reconocida como la propia».
La plataforma da un consejo doble: no cambiarse al castellano pese a que el interlocutor sea tendero, camarero, funcionario, policía o guardia civil hable en la lengua de Cervantes. «Si dice que no te entiende, puedes pedir que te atienda otra persona más capacitada», aconseja este protocolo. Pero, al mismo tiempo, recomienda huir de conflictos: «Evita absolutamente entrar en discusiones por motivos lingüísticos o dar ninguna explicación de por qué hablas en valenciano». Por ello subraya que «en ningún caso, nadie nos puede obligar a hablar en castellano» y aluden al artículo 3 de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià.
El protocolo plantea a aquellas personas que vean vulnerados sus derechos lingüísticos que pidan hojas de reclamaciones, que sopesen abandonar un comercio si les tratan mal por su lengua, que exijan el número de placa de policía o guardia civil, o el nombre y número de empleado público si son discriminados por su lengua.
