EL DESMANTELAMIENTO DE UN 'RÉGIMEN'

El tsunami urbanístico

La Comunitat Valenciana registró varias avalanchas de presentación de planes urbanísticos entre 2004 y 2006 y una inflación legislativa que el Consell aún no ha resuelto

06.12.2013 | 01:41
El tsunami urbanístico
El tsunami urbanístico

En la Comunitat Valenciana se ataron durante mucho tiempo los perros con longanizas y, quien no tramitaba un PAI en su pueblo «estaba muerto». El urbanismo era el nuevo maná en forma de PAI que propició durante la anterior década una vorágine urbanizadora que propició la reclasificación de millones de metros cuadrados, que no han llegado a ejecutarse, y que la Conselleria de Territorio no sabe aún cómo digerir.

A mediados de 2003, dos altos cargos del área de Urbanismo de la Generalitat viajaron a Bruselas para calibrar el alcance de las protestas que empezaban a armar ruido en las instituciones europeas por los abusos urbanísticos cometidos en nombre de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU). «Tranquilos que no pasa nada», transmitieron a su vuelta. Las primeras protestas por los atropellos de la normativa urbanística ya comenzaban a extenderse por el territorio valenciano, de las que Levante-EMV informó en tiempo y forma, aunque desde la administración no se les hacía mucho caso e, incluso, se acusaba a manifestantes y medios de comunicación de «ir en contra del progreso» . El 8 de agosto de 2003, el diario conservador The Times lanzaba en el reportaje «The spanish Land Grab-Great Spain Robbery« («La apropiación de tierras española. Espectacular robo en España», una gravísima acusación, repetida después decenas de veces en los medios europeos, que recogía las denuncias de los propietarios de terrenos atropellados por los programas de actuación integrada (PAI) que se tramitaban como rosquillas en aplicación de la LRAU. Según contaba un promotor, en lo alto de la ola en aquella época, el reportaje daba «una imagen nuestra como si fuéramos la tierra de José María el Tempranillo», el mítico bandolero andaluz del siglo XIX. Aunque las autoridades seguían ignorando los avisos a navegantes que se sucedían entonces.

La asociación ¡Abusos Urbanísticos No! (AUN), creada en mayo de 2003 para denunciar la especulación y el acoso a los propietarios incluidos en los PAI, ya había recogido a finales de año 3.000 firmas para reclamar al Parlamento Europeo una «comisión internacional y multipartidista» que analizara «la aplicación interesada, malintencionada y predatoria de la LRAU», en nombre del progreso urbanístico. Unas 150 personas se manifestaron el 4 de octubre de 2003 en Valencia, en la primera protesta pública de AUN, de la que informó Levante-EMV, para exigir a las Corts que «el texto de la LRAU y de las leyes que afecten al territorio se sometan a examen y se corrijan todos todos los artículos que dan pie a un desprecio absoluto a los derechos de los ciudadanos».

Eran las alertas del tsunami urbanístico que vivió la Comunitat Valenciana desde finales de los 90 hasta que la crisis hizo estallar la burbuja inmobiliaria, y que todos los actores principales negaron por activa y por pasiva durante aquellos años y que políticos y empresarios achacaban al excesivo celo informativo de los periódicos. Los datos objetivos sobre la avalancha de PAI nunca se han facilitado oficialmente por la conselleria responsable de urbanismo (que ha tenido cinco consellers en diez años), quizá para ocultar la magnitud del boom inmobiliario que nos puso en el disparadero de las críticas europeas por el «urbanismo salvaje y depredador» que se practicaba por estas tierras y que acabó sentando a las leyes urbanísticas valencianas en el banquillo de los acusados del Tribunal de Justicia Europeo (TJE), aunque finalmente se archivó la denuncia.

¿Cómo se llegó a esta situación? La LRAU se aprobó en noviembre de 1994, durante el último gobierno socialista, que apenas tuvo tiempo de aplicarla. La LRAU revolucionó el urbanismo español al introducir las figuras del agente urbanizador y de los PAI como novedades, con el objetivo de dinamizar y agilizar la actividad urbanística. El PP, muy crítico con la LRAU durante el debate parlamentario asumió la ley y no la modificó cuando llegó a la Generalitat en 1995. La ley preveía la redacción de un reglamento orientativo de zonas de zonas de ordenación urbanística, que nunca se elaboró, así como planes de acción territorial que nunca se redactaron durante sus once años de vigencia. El urbanismo valenciano se espoleó con la ley del suelo estatal aprobada por el gobierno de José María Aznar en 1998, que declaraba todo el suelo urbanizable, excepto el protegido. A finales de los años 90 comenzaron a surgir las primeras denuncias por abusos urbanísticos, pero no se les hizo mucho caso.

A partir del 21 de junio 2003, un viejo conocido del urbanismo valenciano volvió a dirigirlo. Catorce años después de abandonar la antigua Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (Coput), Rafael Blasco vuelve a la conselleria de nueva creación, Territorio y Vivienda, en el primer gobierno de Francisco Camps. Blasco revoluciona el urbanismo valenciano en apenas tres años, con la aprobación del famoso «paquete legislativo» que aportó a la Comunitat Valenciana cuatro leyes y dos reglamentos que suman un total de 1.183 artículos «contradictorios entre sí e imposibles de aplicar», según denuncian los urbanistas y admitió con el tiempo la propia conselleria.

El problema es que entre 2004 y 2006, cada vez que Blasco anunciaba la entrada en vigor de una nueva ley, se producía una avalancha de presentación de planes urbanísticos, cuyo alcance territorial la Generalitat nunca ha querido revelar en detalle (número de viviendas planificadas, suelo reclasificado...) El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) echaba humo en las sucesivas oleadas para esquivar las nuevas leyes que tramitaba la Conselleria de Territorio. Mientras, las denuncias ante la comisión de peticiones del Parlamento Europeo no dejaban de crecer (se alcanzaron 15.000, según el europarlamento, una cifra que el Consell minimizó y ridiculizó) y provocaron tres visitas de diputados europeos para analizar las denuncias por abusos urbanísticos y dos documentos, el Informe Fourtou y el Informe Auken, en los que se constataban los abusos urbanísticos que se cometían en la Comunitat Valenciana y la corrupción ligada al urbanismo.

Algunos datos de esta «década prodigiosa del urbanismo español» son reveladores. En la Comunitat Valenciana se construyeron 713.214 viviendas entre 1997 y 2006 (Alicante con 362.269 casas y Valencia con 231.046 eran la cuarta y sexta provincias españolas con más viviendas construidas). Otros 52 municipios tramitaron planes generales o conciertos previos en los que proponían la construcción de de 718.106 nuevas viviendas, lo que multiplicaba por cuatro su suelo residencial: de 92 millones de metros cuadrados de suelo previsto en sus planes generales a 272 millones de metros cuadrados de nuevo suelo urbano, según la información recopilada en 2009 por el catedrático de Geografía de la Universitat de València y ex conseller, Eugenio Burriel. Precisamente, una de las críticas que se ha hecho al urbanismo valenciano es que ha sido una suma de planes municipales, sin que existiera un plan autonómico que ordenara el territorio. La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, que marca el crecimiento de los próximos 30 años y está en vigor desde enero de 2011, no «mete mano» a la avalancha de PAI de los últimos años, como tampoco lo hace la nueva Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup) que la última consellera del ramo, Isabel Bonig, anunció en agosto de 2011, para reducir a 273 lo más de mil artículos urbanísticos de las leyes vigentes, que aún no ha llegado ni a las Corts.

El Supremo tumba las tesis del TSJ y el Consell sobre el agua
Una década después del «tsunami» urbanístico, el Tribunal Supremo se ha posicionado en 2013 sobre una de las polémicas que encendieron el debate sobre el «boom» del ladrillo: la disponibilidad de agua de los planes urbanísticos y qué administración es competente para dictaminarla. El Supremo ha anulado este año varios planes urbanísticos que se aprobaron sin el informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre disponibilidad de agua de estos nuevos desarrollos urbanos. El alto tribunal tumbó así las tesis defendidas por la Generalitat y avaladas por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en un reguero de sentencias que hicieron correr ríos de tinta en la última década. En el último año, el Supremo y el TSJ también han anulado algunos de los megaPAI estrella de la última década como el de Nou Mil·lenni en Catarroja o Mundo Ilusión en Cabanes-Orpesa. La crisis también ha obligado a suspender otros como el de Porxinos, en Riba-roja.

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