Un panorama de «proliferación» de «noticias y asuntos judiciales que indican actuaciones desviadas delictivas con intervención de personas con cargos públicos o cargos destacados en partidos políticos» y que se ha extendido al «mundo empresarial y al del negocio» en la C. Valenciana. Es el durísimo retrato de la Memoria de la Fiscalía correspondiente a 2012 que elaboró el fiscal superior saliente, Ricard Cabedo, quien dejó el puesto por jubilación a principios de septiembre, y que ayer presentó en las Corts su sucesor en el cargo, Antonio Montabes. Un informe en el que se hace un diagnóstico sobre las causas que han llevado a la C. Valenciana a ser uno de los epicentros de la corrupción en España, con una decena de diputados del PP imputados: «Falta de controles previos administrativos (la intervención previa), relajación en las maneras y los controles en contratos administrativos, proliferación de funcionarios eventuales o cargos de confianza con fidelidades personales o partidistas facilitan la máxima discrecionalidad o arbitrariedad en actuaciones económicas administrativas o actuaciones que favorecen conductas desviadas».
«Esta corrupción [política] llega al mundo empresarial y al del negocio como medio de lograr rápido la ganancia», alerta la memoria, para añadir: «Casos en este territorio (aunque se tramiten en la Audiencia Nacional) como las cajas de ahorro CAM y Bancaja o el Banco de Valencia, con el abuso de sus directivos y el favorecimiento de amigos y políticos que han acabado con estas entidades financieras denotan la lacra que es la corrupción que añade con resignación al parecer la ciudadanía no acaba de estimar como un grave peligro».
Elude asumir la memoria
Montabes, quien lleva 19 días como fiscal superior de la C. Valenciana, dejó bien claro que la memoria no es suya, sino que la elaboró Cabedo y, de hecho, no aludió a estas reflexiones en su comparecencia ante la Comisión de Coordinación, ciñéndose a los datos. Rechazó hacer valoraciones sobre «apreciaciones personales de otra persona», así como sobre la propuesta de Cabedo para que los jueces ordinarios puedan instruir las causas que afectan a aforados (diputados y consellers), de forma que los 5 magistrados de la sala de lo civil y penal del TSJCV solo se ocupen de enjuiciar los casos. Según Cabedo, el hecho de que el instructor no pueda luego enjuiciar, dado el reducido número de magistrados, «desnaturaliza el carácter y composición de la sala», «máxime» si se tiene en cuenta que la mitad «son nombrados a propuesta de las asambleas legislativas». Así, los jueces «pueden ser instructores de una causa y juzgadores de otra», con lo que «intercambian papeles», algo que «puede influir en la resolución de los recursos por respeto o camaradería respecto a lo que han resuelto compañeros».
La oposición centró sus intervenciones en la corrupción y el fiscal apuntó que estos asuntos los lleva la Fiscalía Anticorrupción. Montabes fue contundente al «trasmitir» que comparte la «preocupación» al respecto, de forma que le «gustaría que hubiera mayores controles administrativos para que no se den y proliferen casos de corrupción política», así como que éstos «se resolvieran con la mayor celeridad». «Yo tengo que luchar contra todo tipo de corrupción», enfatizó. No obstante, declinó pronunciarse sobre «los casos de corrupción que hay en las Corts de diputados. No me compete a mí analizarlos».
La memoria no concreta un número de asuntos sobre corrupción tratados en la Comunitat, alegando «dificultades» en las fiscalías provinciales para computarlos. «Alicante dice que no están computados y que un fiscal en el partido judicial de Orihuela dice que pueden existir 50 causas; Valencia se refiere a asuntos propios del TSJCV y la Fiscalía Especial referida (caso Gürtel) cita 7 asuntos propios; mientras Castelló cita un caso».
Una «nueva etapa» para el PP
Verónica López (PSPV) resaltó que la corrupción es uno de los «problemas más importantes» de la Comunitat; Mireia Mollà (Compromís) lo instó a pronunciarse sobre que las Corts es «el Parlamento más sentenciado en España por vulneración de derechos de los diputados»; e Ignacio Blanco (EU) le preguntó cómo puede ayudar la Fiscalía a que la Justicia sea «más ágil». Eduardo Ovejero (PP) celebró que con Montabes se abre «una nueva etapa» con «imparcialidad», dando a entender que con Cabedo n0 había. Y rechazó hablar de la Memoria, «que no ha elaborado usted».
