El Tribunal Superior de Justicia ha procesado al exalcalde de Alicante y diputado autonómico del PP Luis Díaz Alperi por tres delitos delitos fiscales y un delito de cohecho. El magistrado del TSJ Antonio Ferrer ve indicios de que Díaz Alperi pudo defraudar a Hacienda en los ejercicios fiscales de 2007, 2008 y 2010. El juez considera que también puede haber cometido un delito de cohecho impropio el mismo por el que estuvo acusado Camps por no pagar el amarre de su catamarán en la marina deportiva del puerto de Alicante y ha procesado al responsable de la instalación que le permitió el uso gratuito «en consideración a su influencia en la ciudad y su condición pública». El Código Penal castiga con penas de entre 1 y 5 años los delitos fiscales y con multa el cohecho impropio. Fuentes jurídicas explicaron que si el fiscal acusa por los tres delitos, Alperi se enfrentaría como mínimo a tres años de cárcel. En el caso hay otro dos empresarios procesados por supuestamente ayudar al exalcalde de Alicante a defraudar a Hacienda.
La investigación judicial partió de una denuncia presentada por el fiscal superior del TSJ contra Díaz Alperi en base a un informe de la Agencia Tributaria que advertía de pagos dudoso avalados por tres sociedades en los ejercicios 2007, 2008 y 2010. El juez ha cerrado la instrucción y ha dado traslado a las acusaciones la Fiscalía y la Abogacía del Estado para que en un plazo máximo de diez días soliciten la apertura de juicio oral y presenten sus peticiones de condena o pidan el archivo. El fiscal sospecha que el exalcalde pudo haber defraudado en los tres años 682.681 euros.
El magistrado precisa en el auto que el supuesto delito fiscal de 2007 está vinculado con una operación de crédito de 942.678 euros relacionada con el alcalde y los dos empresarios que tiene la apariencia de tratarse de una maniobra «totalmente simulada» para ocultar un incremento patrimonial no justificado. El supuesto fraude fiscal de ese ejercicio es de 405.351 euros.
El magistrado ve indicios de que Díaz Alperi podría haber defraudado 144.862 euros en 2008 por un incremento patrimonial no declarado en torno a la adquisición de un catamarán de 15,54 metros de eslora a través de la sociedad instrumental Andarx Business. Parte del importe de la embarcación fue pagada por uno de los empresarios procesados. Hacienda defiende que el diputado defraudó otros 132.468 euros en 2010 por cambios en la propiedad del catamarán.
