«A los que tengan dinero se les cobrará para evitar abusos». La declaración del anterior conseller de Sanidad, Luis Rosado, se ha hecho ya realidad al establecer la Conselleria de Sanidad en el decreto 190/2013 la cuantía de la asistencia sanitaria para las personas que no están aseguradas ni son beneficiarias de la SS.

Este convenio «de especial prestación» contempla dos tarifas, según la edad de la persona que se quiera acoger al mismo. Si el solicitante tiene menos de 65 años, se le cobrará 60 euros al mes y si está por encima de la edad de jubilación, 157.

En ese amplio limbo de los que fueron expulsados del sistema sanitario, tras la entrada en vigor el pasado 1 de septiembre de 2012 del decreto 16/2002 de medidas urgentes de sostenibilidad del sistema sanitario, se encuentran los inmigrantes sin papeles, alrededor de unos 30.000 solo en la C. Valenciana, 700 de los cuales tenían la denominada «tarjeta solidaria», según cifras estimadas por la organización Médicos del Mundo.

Para acogerse a ese nuevo convenio se exige que el solicitante acredite su residencia durante un año en la C. Valenciana con un certificado de empadronamiento en alguno de los 550 municipios del mapa autonómico.

La solicitud será valorada por los técnicos de las direcciones territoriales de la Conselleria de Sanidad que tendrán un plazo de treinta días para pronunciarse.Elsolicitante podrá recurrir la decisión en caso de disconformidad.

El convenio contempla el acceso a la cartera común básica de servicios sanitarios y a todos los asistenciales del SNS, según precisa el decreto de la Generalitat.

Con esta medida, según anticipó el exconseller Rosado, se pretende frenar el auge del turismo sanitario que anualmente cuesta a las arcas públicas españolas alrededor de mil millones de euros.

El coste total de la asistencia sanitaria para los no asegurados, ya sean europeos con recursos afincados en la C. Valenciana como los inmigrantes sin trabajo ni documentación, responde a la cuantía de 710 euros anuales que la Conselleria de Sanidad anunció hace meses para los colectivos que quedaron expulsados de la red sanitaria pública en septiembre de 2012.

Cuatro autonomías se mostraron contrarias a implantar cualquier tipo de «tarifa sanitaria» como la que acaba de aprobar el gobierno de Fabra. Se trata del Pais Vasco, Andalucía, Asturias y Canarias.

La entrada en vigor del decreto 16/2012 generó la objeción de muchos médicos que retaron al Gobierno al declararse partidarios de atender a todas las personas que acudieran a sus consultas, estuvieran asegurados o no. Otra cosa es lo que sucede, después, con la prescripción farmacéutica y en la derivación a los especialistas. Más de 500 inmigrantes irregulares, entre los que figuran 50 niños, han denunciado este año problemas para ser atendidos.