La Generalitat achaca su virtual situación de quiebra no a los gastos, donde sostiene que está incluso por debajo de la media autonómica, sino a los ingresos, derivado de la financiación y de lo que no duda en calificar de "brutal" caída de la recaudación desde que estalló la burbuja inmobiliaria en 2008. Pero, ¿qué hace para ponerle remedio? A lo que parece, no mucho. El último informe de la Inspección General del Ministerio de Hacienda sobre la gestión de los tributos cedidos por las comunidades -que forma parte de la documentación anexa a los Presupuestos del Estado de 2014- coloca a la Generalitat en el penúltimo puesto en el ranking autonómico de medios personales por habitante dispuestos por los ejecutivos regionales para controlar que todos los contribuyentes cumplen por igual. En 2012, los servicios tributarios del Consell contaban en las oficinas gestoras con 280 personas, solo una por cada 18.319 valencianos para verificar los impuestos abonados.

La cifra se queda muy lejos de la media, uno por cada 12.302 habitantes, y solo le supera Cataluña, con una persona por cada 23.959 habitantes. Con mejor registro que la valenciana están Canarias (16.812), Madrid (14.473) y Andalucía (11.358), a gran distancia todas ellas de La Rioja, la autonomía que asigna más medios per cápita (una persona por cada 6.472 habitantes), seguida de Castilla y León (7.233), Asturias (7.534) y Galicia (8.558). Además, la Generalitat redujo la dotación un 3,8 % respecto a 2011, cuando contaba con 291 efectivos. La memoria, para cuya elaboración se realizó una visita a la C. Valenciana, subraya además el elevado índice de precariedad, ya que un 39,4 % del personal (109) era interino, aunque el porcentaje disminuyó respecto a 2011, cuando era del 41,2 %. Al respecto, avanza que la dirección general de Tributos está tramitando la creación de un Cuerpo Técnico "con funciones específicas tributarias en el que podrán integrarse los funcionarios interinos".

Si además del personal de las oficinas gestoras se incluye el de las oficinas liquidadoras, conformadas básicamente por los registradores de la propiedad y donde simplemente se presentan las liquidaciones, el balance no es mucho mejor. Con un total de 586 efectivos, la C. Valenciana seguiría en la cola, con una persona asignada a labores tributarias por cada 8.753 habitantes, solo superada por Madrid (11.751) y Cataluña (11.385).

6,3 "inspectores normalizados"

La memoria pone de relieve la insuficiencia de efectivos dedicados a la actividad inspectora. Así, sólo existen 6,3 "inspectores normalizados" para la C. Valenciana, frente a los 7 de 2011, considerados éstos como un inspector y 0,75 subinspectores durante los doce meses del año. El resultado es que, en 2012, la gestión liquidatoria del Impuesto de Patrimonio fue "nula", ya que "no se han emitido paralelas por la comunidad utilizando medios propios ni la relación NIF que envía la Agencia Estatal de la Administración Tributaria". En 2012 el impuesto no estaba ya bonificado aunque el de ese ejercicio se recaudó este año. En cuanto al impuesto de Sucesiones y Donaciones (bonificado entonces al 99 % solo en el ámbito familiar), considera "preocupante la demora", "incluso con amenaza de prescripción". En el caso de las oficinas gestoras de los servicios territorialesde Valencia, el retraso en gestionar este tributo llega a los 52,2 meses, frente a la media de 47,9. En 2011, la demora fue de 31,7 meses.