Ha sido una de las caras valencianas más mediáticas del último lustro en el ámbito de la Justicia. Desde su atalaya como portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo (Ràfol de Salem, 1963) ha ejercido como voz de los jueces españoles desde 2008 con la misión de asegurar el buen funcionamiento de los juzgados y tribunales y garantizar la independencia del tercer poder del Estado. Su mandato como vocal del Consejo General del Poder Judicial acabó a principios de diciembre. El billete de vuelta tenía un claro destino: Valencia, donde mantiene desde 2001 su plaza como fiscal de Menores en la Fiscalía Provincial de Valencia y que abandonó hace cinco años. Ayer, como ordenaba el BOE del 30 de diciembre, Gabriela Bravo acudió a la Ciutat de la Justícia de Valencia y en torno al mediodía, como manda la burocracia, tomó posesión formal de su plaza. Nunca mejor dicho: formalmente. Porque el futuro inmediato de Gabriela Bravo no pasa por Valencia, sino por Madrid.
La exportavoz de los jueces españoles ha sido nombrada para ocupar una de los puestos de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. El nombramiento, de libre designación para este cargo de confianza, ha sido efectuado por el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, quien ha informado de ello al Consejo Fiscal. Poco después de tomar posesión de su plaza en Valencia, como le obliga la ley de la Administración judicial, Bravo atendió a este periódico y confirmó que "la Fiscalía General del Estado ya ha acordado la comisión de servicios, a propuesta del fiscal general", por lo que el acto de ayer fue "un mero trámite burocrático". "Para que me asignen la comisión de servicios tengo que tomar posesión en mi plaza de Valencia", aclaró.
Según sus cálculos, es posible que la toma de posesión en su nuevo cargo tenga lugar este próximo lunes. "Porque el nombramiento es para una incorporación inmediata", recuerda Gabriela Bravo, quien en su nuevo cometido deberá asesorar al fiscal general del Estado. Su regreso efímero a Valencia, pues, esta vacío de contenido. No le han asignado ningún caso en la Fiscalía de Menores. La razón es obvia: "De aquí al lunes, ¿qué caso me pueden asignar?", responde la exportavoz del CGPJ, que además de haber sido profesora asociada en el Departamento de Derecho Penal de la Universitat de València en el curso 1993-1994 también forma parte del Secretariado de la Unión Progresista de Fiscales, de cuya organización ha sido portavoz y presidenta. En Valencia ha estado 17 años, de 1991 a 2008. Su plaza -que será ocupada por un sustituto- sigue estando en la Fiscalía de Menores de Valencia.
Un trabajo diferente
Entre las nuevas tareas de Bravo figura el asesoramiento al fiscal general del Estado, la elaboración de estudios e informes para su jefe, o la realización de trabajos preparatorios en aquellas materias en las que corresponda a la Junta de Fiscales de Sala asistir al fiscal general. "Estoy muy ilusionada, porque me va a permitir tener una visión de los problemas y necesidades del Ministerio Fiscal. Es un trabajo que me enriquecerá mucho", afirma.
