La Comisión Europea ha refrendado la irregularidad de las ayudas concedidas a la Ciudad de la Luz para su construcción y ha tumbado un informe que elaboró la consultora LECG defendiendo su legalidad. La eurodiputada Josefa Andrés y la parlamentaria socialista en las Cortes Eva Martínez sacaron ayer a la luz un documento de Bruselas en el que se rebaten la práctica totalidad de las ideas que incluyó la consultora en su escrito. Ahora bien, ¿quién ha contratado los servicios de esa empresa? El PSPV entiende que o bien la Generalitat, o bien el Gobierno central. Pese a que la resolución de la Comisión Europea está fechada el pasado mes de marzo, no trascendió hasta ayer. Josefa Andrés tuvo conocimiento de ella tras realizar una pregunta parlamentaria en la Eurocámara. El comisario de Competencia de la UE, Joaquín Almunia, le respondió que el último informe de la Comisión databa de marzo de 2013 y que ya no se iba a emitir ningún documento más al respecto. La eurodiputada descubrió entonces que la consultora LECG había redactado un escrito avalando la legalidad de las ayudas.
Bruselas, sin embargo, ha desmontado los argumentos de ese documento. «La información remitida el 25 de marzo carece de rigor metodológico y en ella se realiza una serie de afirmaciones de gran calado que, en el mejor de los casos, carecen de fundamento», sentencia la Comisión. La dureza de la respuesta europea se deja notar de manera constante. Así, rebate un aspecto técnico que defendía la consultora, afirmando: «Se trata de una conjetura carente de fundamento y que no está respaldada por ningún dato fiable ni verificable. Tampoco resulta fácilmente defendible desde el sentido común».
La empresa LECG también aseguró que los servicios de la Comisión no tuvieron en cuenta los ingresos previstos por la construcción de hoteles y oficinas en el entorno del complejo cinematográfico. La UE, por su parte, le replicó que no estaban fijados en el proyecto original.
Además, Bruselas detectó que la Sociedad de Proyectos Temáticos -empresa pública del Consell- encargó varios informes a una tasadora para valorar el precio de los terrenos donde iban a construirse las oficinas y el complejo hotelero, pero la empresa decidió no firmarlos. En ellos se equiparó, por ejemplo, el precio del metro cuadrado de la zona (en las afueras de la ciudad) con el de transacciones de locales registradas en las calles comerciales «más prestigiosas» de Alicante. «El hecho de utilizar los precios de las oficinas de pequeño tamaño ubicadas en el centro de Alicante para establecer la referencia de comparación para el complejo Ciudad de la Luz no tiene ningún sentido», apostilla Bruselas.
