«Un delito igual se reputa desigual si son diferentes los sujetos que le cometen, y aun los delitos desiguales». No es la postura editorial de un periódico crítico con la corrupción y el tratamiento judicial a la «casta de intocables» que ha asolado este país, sino el título de un soneto de Francisco de Quevedo escrito hace cuatro siglos y cuyo final suena tristemente actual: «Sacrilegios pequeños se castigan; / los grandes en los triunfos se coronan, / y tienen por blasón que se los digan. / Lido robó una choza, y le aprisionan; / Menandro un reino, y su maldad obligan / con nuevas dignidades que le abonan».
El poema satírico viene a la mente del valenciano Manuel Dolz, fiscal del Tribunal Supremo y admirador de los grandes poetas del siglo de oro español, a la hora de retratar la proliferación de escándalos financieros en los últimos tiempos. Por ellos se encuentran imputados en la actualidad casi un centenar de banqueros y un sinfín de empresarios relacionados con la presunta comisión de delitos societarios, apropiación indebida, falsedades y estafas, publicidad engañosa o uso de información privilegiada entre otros. Miles de parados y estafados por las preferentes harían mejor en fijarse en ellos como culpables de su situación que en los políticos que copan el telediario.
Este boom de la corrupción privada ha empujado a Manuel Dolz a reescribir „junto con su colega Fernando Sequeros„ el libro Delitos societarios y conductas afines, publicado originalmente en 2002. Esta tercera edición casi nueva en sus contenidos „de 1.518 páginas y 130 euros de coste dirigido a abogados, fiscales y jueces„ viene a ser como una especie de manual contra la delincuencia de cuello blanco. Sus dardos son concretos. Los autores denuncian el comportamiento de los responsables de auditoras que perciben sustanciosos ingresos por consultoría precisamente de las sociedades mercantiles que deben auditar. Arremeten contra la emisión de informes engañosos por agencias calificadoras propiciando ruinosas inversiones. Censuran el desvío de reservas transformadas en ingresos operativos por parte de sociedades para inflar beneficios que han obligado a gigantes del mercado a suspender pagos bajo la presión de deudas millonarias. Critican la asignación de sueldos desproporcionados de los altos directivos de la banca o la utilización de los recursos sociales para atender sus gastos particulares, incluida la concesión de créditos a bajo interés facilitados a ellos mismos o a sociedades por ellos controladas, así como las prejubilaciones e indemnizaciones desproporcionadas en todo caso y más en épocas de crisis.
Cuestionan también la deficiente gestión por parte de esos directivos de los recursos de las cajas de ahorro al ofertar preferentes a clientes desinformados „cuando no mal aconsejados„ y conceder créditos a terceros para la compra de viviendas a largo plazo de manera indiscriminada o participar en inversiones de riesgo que han abocado a su rescate con el dinero de los contribuyentes. Tras tanto desficaci, Manuel Dolz espera que el libro „y su efecto en el mundo jurídico„ sirva de «revulsivo educacional» para «establecer las bases para reaccionar contra la corrupción».
¿Están quedando demasiado impunes los delitos de corrupción?
Sí. A la vista de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, está muy claro que ha habido una respuesta bastante tibia ante los comportamientos de corrupción política. En el aspecto societario, las penas previstas son de cárcel, pero se recurre poco a la prisión provisional. Incluso cuando las penas de prisión son impuestas, se solicitan indultos o se trata de suspender las condenas. Todos conocemos el caso Blesa y la querella del fiscal contra el juez que le impuso medidas cautelares bastante contundentes como la prisión provisional. No se tiene la misma energía ante la delincuencia de cuello blanco que ante la delincuencia de los pobres. Siempre ha existido una desigualdad en el trato penal.
¿Y continúa existiendo?
Sí, continúa existiendo.
Sostiene que los delincuentes de cuello blanco han sido «una casta intocable en la conciencia social».
Sí, la sociedad ha sido muy tolerante con estos fenómenos delictivos derivados del ejercicio del poder económico. Hasta 1995 no se incorporaron en el Código Penal estos delitos societarios, y eso que los códigos penales se remontan al 1822. Es decir: la delincuencia económica no se castiga con severidad hasta hace poco.
Tarde, y de forma insuficiente.
Sí, las penas que se recogen no son lo suficientemente disuasorias. Las medidas cautelares que se pueden adoptar, para asegurar los bienes que estos individuos tienen en paraísos fiscales, son pobres. Hay muchas dificultades en las investigaciones para poder aprehender y gravar esos bienes en embargos que puedan hacer efectivas responsabilidades civiles. Todos somos conscientes de que la Justicia no llega ni a la décima parte del patrimonio que eluden. Encima, las medidas cautelares de prisión se adoptan con poca frecuencia.
¿Y eso por qué?
Porque la legislación prevé que, para adoptar una medida cautelar, debe existir un riesgo de destrucción de pruebas o la pena ha de ser lo suficientemente grave. Pero sucede que los tipos penales establecidos para los delitos societarios no tienen unas penas elevadas. Algunos no llegan a los tres años de prisión. Otros sólo acarrean multas. Y con estas penas, es muy difícil que puedan adoptarse medidas cautelares. Habrían de ser penas más graves. Porque, si no, durante la tramitación de la causa se va a cumplir gran parte de la pena y esto la ley lo prohíbe. La ley no permite que se cumpla más de la mitad de la pena que se podría imponer al infractor. En penas de tres años, pues, más de año y medio no se puede estar en la cárcel de forma cautelar.
Entonces, ¿cree que habría que cambiar las leyes?
Las leyes habrían de cambiarse para gravar más las penas. La penalidad habría de ser disuasoria, porque el derecho penal tiene una función primordial: la prevención general. Se trata de advertir a los futuros infractores de que, si infringen las leyes, ingresarán en prisión. Eso es importante. Pero aparte de cambiar las leyes, se habría de dotar con más medios a los órganos judiciales, a las fiscalías y a la policía para llevar a buen término las investigaciones en delincuencia económica. Estas investigaciones son muy complejas, porque hay que recurrir a comisiones rogatorias en los países donde hay paraísos fiscales y la colaboración con estos Estados son difíciles. Además, las estructuras organizativas empresariales son muy complejas, porque el principal administrador de todo el fraude, el cerebro, es el que está más alejado de las acciones concretas. Hay testaferros y personas que ejecutan otros hechos sin que ellos pongan la firma.
En esta crisis, ¿cuál ha sido el delito societario más común?
La administración desleal. La disposición fraudulenta de bienes y la asunción de compromisos u obligaciones que causan perjuicios a la empresa. El hecho de embarcarse en proyectos empresariales que no eran los adecuados, especialmente en el ámbito bancario, ha causado un grave perjuicio económico a los accionistas. Y, en ocasiones, ha supuesto la quiebra o la necesidad de intervención de la entidad.
¿Qué perfil de persona ha sido el más dañado por estos delitos?
El principio de confianza que tiene un accionista de una sociedad en la gestión de los administradores se ha quebrado en muchos casos, porque los gestores han aprovechado su posición de privilegio para enriquecerse. Puede más la codicia de los artífices de esas maquinaciones que su leal gestión frente a la sociedad mercantil. Por ejemplo: pienso que no son proporcionales los honorarios y las retribuciones que se pusieron a los gestores de estas entidades, especialmente en las cajas de ahorros, donde ha existido una relación directa con ámbitos políticos. Se ha abusado de la posición preponderante de los gestores.
¿Sería más justo que hubieran entrado en la cárcel más banqueros y directivos de cajas de ahorro?
Entiendo que sí, porque soy partidario de la prevención general del derecho penal. Lo que no puede ser es que, en los centros penitenciarios, el 99 % de la población reclusa sea de clases marginales. La discriminación en la lucha contra la delincuencia es muy notable y la sufren las clases marginales frente a los más poderosos. Hay muchos banqueros o empresarios implicados en estas conductas y saben que no van a pisar el centro penitenciario. Y que, en todo caso, si sufren condenas, pueden librarse de ellas porque se suspenderán sus condenas o recibirán un indulto. Y hay casos muy notables como el indulto arbitrario de Alfredo Sáenz [consejero delegado del Banco Santander que en noviembre de 2011 fue indultado por el Gobierno en funciones de Zapatero de su condena a tres meses de arresto e inhabilitación temporal por un delito de acusación falsa].
También es partidario de reforzar la prisión provisional.
Sí, porque durante la instrucción de la causa como es la destrucción de pruebas. Un investigado en libertad puede moverse. Y así, cuando la Justicia llega, siempre llega tarde porque se han destruido correos, contabilidades, pruebas? Abogo por que las medidas preventivas no sólo sean de carácter real, como el embargo de bienes, sino también de carácter personal, como la prisión.
