Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) conserva piezas del tren que volcó en el accidente del metro del 3 de julio de 2006, aunque oficialmente asegura que «se desguazó, se trasladó al chatarrero y está destruida. No se guarda ninguna pieza del tren siniestrado». El hecho de que FGV aún conserve piezas de la unidad de tren articulada (UTA) 3736, la primera de las dos unidades implicadas en el siniestro y en la que viajaban los 43 fallecidos, resulta ahora relevante tras la decisión de la Audiencia Provincial de Valencia de reabrir la investigación sobre el accidente más grave de un suburbano en España.
La reapertura se ha producido casi ocho años después del siniestro y seis años después de que se le diera el que parecía el carpetazo judicial definitivo el 8 de mayo de 2008, en un auto de la sección primera de la Audiencia, del que fue ponente Pedro Castellano Rausell.
Una de las piezas que conserva FGV de la UTA 3736 en los talleres de Valencia Sud es una «engrabación» una pieza que, según explican expertos ferroviarios a Levante-EMV, es «como el cambio de marchas o la transmisión de un coche, el eje del motor que encaja sobre una diferencial con piñones». La pieza se conserva medio tapada por un plástico y a la intemperie en los talleres de Valencia Sud, depositada sobre un palé de madera y arrimada a la pared de una nave. Se puede identificar que pertenece al tren del accidente porque cuelga una etiqueta con la inscripción «UTA 3736 (colisión Jesús)», como se puede ver en la imagen que ilustra esta información. Sin embargo FGV niega la mayor. A la pregunta de Levante-EMV ¿qué se hizo de la UTA 3736 que se desguazó?, fuentes oficiales de la empresa responden que «se desmontó en FGV y posteriormente se trasladó al chatarrero y está destruida». ¿Se ha guardado alguna pieza? insistió este periódico a lo que FGV responde con un rotundo «no».
Una información que se da de bruces con la imagen de la pieza guardada y que hoy publica Levante-EMV. Y también con la información facilitada por FGV al juzgado que investigó la causa en 2008.
Según el escrito remitido por la letrada de FGV, Rosa Gutiérrez Díaz, al juzgado de instrucción 21 de Valencia, el 25 de julio de 2008, la UTA 3736 se destruyó y achatarró pero se guardaron «para poder ser utilizadas como repuesto en otras unidades de la misma serie, las siguientes piezas: cuatro reductores, dos motores, chopper de tracción-freno, tarjetas de control del equipo de tracción freno y el convertidor estático». El hecho de que FGV conservara tantas piezas de la unidad accidentada para reutilizarlas confirma la acuciante necesidad de piezas de repuesto para las UTA de la serie 3700 que se tenía en talleres, a pesar de que los directivos de entonces lo negaron por activa y por pasiva durante la comisión de investigación del accidente del metro en las Corts.
Cabe recordar que las UTA como las del accidente continuaron circulando hasta julio de 2010, cuando fueron definitivamente retiradas. FGV vendió las 37 UTA a la empresa Vossloh por 11 millones de euros. La intención era modernizarlas y, de hecho, Vossloh trasladó la UTA 3722 a la fabricante de carrocerías de autobuses y ferrocarriles, Sunsundegui SA, con sede en Alsasua (Navarra) para modernizarla y fabricar un prototipo. Después iba a intentar vender las 36 UTA restantes a países de suramérica, del Este de Europa o incluso Angola (en este país fracasó la venta porque su red ferroviaria no está electrificada). Pero la operación no fructificó porque las 37 UTA restantes siguen estacionadas en los talleres de FGV en Torrent. Así que en este «cementerio» de UTA se conserva la otra unidad implicada en el accidente del 3 de julio, la 3714 (que descarriló pero no volcó y que volvió a circular el 8 de julio de 2006) además de las piezas recolocadas de la 3736 desguazada y, se suponía, que achatarrada y destruida.
La UTA 3736 se desguazó, con dos recursos pendientes de víctimas del metro (a los que se sumaron otros cuatro). La jueza autorizó la destrucción de esta prueba porque «sólo» quedaban pendientes recursos de las víctimas ante el Constitucional. FGV tenía prisa por desguazar la unidad. La letrada de la Generalitat durante el caso, Maria José Rodríguez Blasco, presentó un escrito el 14 de enero de 2008 (cuatro meses antes del segundo archivo de la causa) para «desprecintar» el tren siniestrado y «darle el destino que estime oportuno» porque «carecen por completo de interés para las diligencias», aseguraba. El 12 de junio la letrada volvió a solicitarlo y el 1 de julio de 2008, la jueza autorizaba que se destruyera la principal prueba del accidente. Levante-EMV advirtió del desguace el 23 de julio, pero la paralización ordenada por la jueza el 24, llegó con la UTA «destruida», según FGV.
