El sindicato UGT-FSP censuró ayer la privatización del Registro Civil impulsada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. El sindicato alertó de que los ciudadanos deberán pagar a partir de ahora por un servicio que funcionaba bien. «La venta del Registro Civil conllevará además el desmantelamiento de destinos, reordenaciones de efectivos y estrangulará las posibilidades de concursar, promocionar y opositar», lamentó la formación sindical.
Hace apenas diez días, el ministro Alberto Ruiz Gallardón hizo un llamamiento público a notarios y registradores para que asuman más funciones. El decano del Colegio de Registradores, Gonzalo Aguilera, ha remitido una carta a sus afiliados en la que informa de la decisión final del Gobierno de asignar el Registro Civil a los registradores y que estos asumirán la competencia con «plena capacidad autoorganizativa» en su organización territorial, material y tecnológica de acuerdo a la ley.
Los sindicatos ya han anunciado que adoptarán medidas de presión para defender que este servicio público siga siendo totalmente gratuito para el ciudadano y se mantengan en las mismas condiciones los puestos de trabajo a los que da soporte. El Registro Civil ofrece de forma gratuita certificaciones de matrimonio, nacimiento o defunciones.
