El PP ha rechazado en el pleno de Les Corts la creación de dos comisiones de investigación para analizar el coste que se abona a las empresas concesionarias de hospitales públicos por cada tarjeta sanitaria, así como el proceso y las condiciones de la externalización de la sanidad valenciana.

Ambas comisiones, la primera propuesta por Compromís y la segunda por el PSPV, han contado con el apoyo del resto de los grupos de la oposición, pero han sido rechazadas por los populares, que han denunciado el "abuso" que hace la oposición de la petición de comisiones de investigación.

La diputada de Compromís Mireia Mollà ha defendido la necesidad de investigar el coste per cápita que se paga a las empresas privadas por gestionar la sanidad de los valencianos debido a "la opacidad" del Consell a la hora de ofrecer información sobre esta cuestión y a la falta de "datos objetivos que validen" este tipo de gestión.

Además, ha afirmado que en 2012, técnicos de la Conselleria de Sanidad encontraron que hospitales de gestión privada "habían facturado por 132.000 tarjetas falsas", por las que cada año la Generalitat les estaba pagando 18,5 millones.

"Cuando uno esconde los datos y encima pervierte la realidad de lo que ha sucedido y consiente el fraude que están perpetrando las empresas privadas en la gestión sanitaria pública, hay que investigarlo; si no, seremos cómplices de este fraude", ha afirmado Mollà.

El popular Vicente Soria ha acusado a Compromís de "ver fantasmas donde no los hay" y ha manifestado que en 2010 se pagaron 607,4 euros per cápita a las empresas concesionarias; en 2011 la cantidad fue de 619,88; en 2013 la cifra alcanzó 639,1 euros, y el año pasado el coste per cápita fue de 660,75 euros.

Según Soria, el objetivo de esta iniciativa es "denigrar, sembrar dudas y cuestionar la política sanitaria de la Comunitat" y ha defendido el modelo sanitario de colaboración público-privada por permitir "una sanidad pública de primer nivel" y estar avalado "por las mayorías absolutas del PP".

Por su parte, el PSPV ha defendido la creación de una comisión que investigue el proceso y las condiciones en que se ha realizado la externalización de la sanidad en la Comunitat, pues este tipo de gestión no es, a su juicio, ni más eficaz ni más eficiente y, además, está generando problemas de competencia.

El socialista Ignacio Subías ha destacado que estas concesiones "estaban previstas para autopistas, polideportivos o piscinas" pero el PP valenciano las trasladó a la gestión sanitaria "priorizando el negocio", y ha asegurado que cuando los socialistas gobiernen revertirán los conciertos y derogarán la ley que habilita nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud.

La popular Nieves Martínez ha afirmado que el objetivo del gobierno de Alberto Fabra "no pasa por la privatización sino por la satisfacción del paciente"; ha reivindicado que "el cien por cien de la sanidad valenciana es pública", y ha preguntado cómo va a revertir los conciertos el PSPV.

EU ha apoyado la creación de ambas comisiones de investigación pues, según la diputada Marina Albiol, es necesario "sacar a la luz las mentiras del PP y desenmascarar a un Gobierno que lleva años diciendo que la gestión privada es más económica", y favoreciendo el negocio de empresas, algunas procedentes de la construcción.

El PP también ha rechazado la petición del PSPV de investigar a la fundación Agua y Progreso para aclarar su "relación con la trama Gürtel", pues según el socialista Francesc Signes pagó 13.500 euros a Special Events en 2004, y ha anunciado la presentación de un recurso contencioso si el Consell "sigue escondiendo" la información sobre esa fundación.

El popular Andrés Ballester ha destacado que esa fundación hizo "una valiosa labor pública" y que ninguna de las auditorías a las que se ha sometido ha reflejado "ninguna irregularidad" que justifique una investigación, mientras que ha acusado a los socialistas de contar "chirigotas".