La empresa de asesoría económica investigada junto con los dos despachos de abogados logró firmar un convenio con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) en abril de 2007, que le abrió las puertas a los contratos con varios de los consistorios que ahora ha registrado la Guardia Civil en busca de pruebas de los delitos de prevaricación y malversación detectados por la Fiscalía.
El convenio fue suscrito cuando el ente era presidido por el alcalde de Altea, Miguel Ortiz (PP) en la actualidad, la presidenta en Elena Bastidas (PP), primera edil de Alzira y que se ha desvinculado por completo de ese acuerdo de colaboración, pero no fue el munícipe de la citada localidad de la Marina Baixa quien firmó.
El convenio, al que ha tenido acceso Levante-EMV, fue rubricado por el secretario general de la FVMP, Francisco José Micó Micó, concejal del Ayuntamiento de Benissanó, y por los representantes de dos empresas de asesoramiento legal, una de las cuales figura entre las tres investigadas por la juez de Instrucción número 12 de Valencia y por la Guardia Civil.
De hecho, en nombre de la mercantil firmó su apoderado, a quien distintos alcaldes de los ayuntamientos registrados señalan como la persona que acudió a ellos para explicar los servicios que podían prestar. Es el caso, por ejemplo, de los municipios de la Safor que se han visto envueltos en el caso Benirredrà, Ador y Real de Gandia. En los tres casos los alcaldes señalan que no tenían más referencia de esas empresas que la «recomendación» llegada desde la federación de municipios, razón por la que accedieron a trabajar tanto con la asesoría económica, como con la legal, cuya sede social en el número 1 de la calle Almirante fue registrada por la Guardia Civil el pasado martes.
En Aguas de Benissanó
Según ha podido comprobar este periódico en los datos que constan en los registros mercantiles, Micó y el apoderado de la empresa investigada, que es economista, se conocían desde al menos dos años antes de la firma del convenio, suscrito el 3 de abril de 2007, ya que ambos ostentaban cargos en el consejo de administración de la empresa municipal Aguas de Benisanó. De hecho, ambos fueron nombrados y cesaron en sus funciones los mismos días, entre el 29 de abril de 2005 y el 14 de noviembre de 2012.
