El fiscal superior de la Comunitat Valenciana, Antonio Montabes, reclamó ayer al conseller de Justicia, Serafín Castellano, una solución definitiva a la falta de conexión informática de los jueces y fiscales. El sistema informático que utilizan los miembros del ministerio público se llama Fortuny y es incompatible con el programa Cicerone que manejan los juzgados. Fuentes de la Fiscalía lamentaron ayer que la incompatibilidad de los dos sistemas obliga a duplicar el trabajo. En el País Vasco y en Andalucía los dos sistemas ya son compatibles.

El conseller Serafín Castellano aseguró que están trabajando para acabar con el problema. Castellano admitió que la conexión es «fundamental» no solo por el ahorro de costes sino por ganar en «eficacia». «Es una cuestión vital añadió para ganar en eficiencia y eficacia y en serenidad a la hora del trabajo, y ahorrar recursos y destinarlos a otras cuestiones que hacen más falta. Es una cuestión absolutamente prioritaria, de compatilibilización informática», reiteró.

Por otra parte, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, alertó la semana pasada del estado de las instalaciones de la Fiscalía y destacó el caso de Alcoi. Castellano señaló que a la Fiscalía de Alcoi ya se dio una «solución» cuando se presentó hace unos meses el Plan de Infraestructuras de edificios judiciales: «Está presupuestado y hace 15 días estuvimos con jueces y secretarios para que vieran el anteproyecto y pudieran opinar sobre los planos».

Y al respecto agregó: «Vamos a licitar lo antes posible para que este mismo año, conforme a lo presupuestado por un millón de euros, podamos hacer la licitación y la adjudicación para que se puedan empezar las obras en la sede de Fiscalía de Alcoi».

Sobre este asunto, el fiscal superior, Antonio Montabes, recordó que también visitó las instalaciones de la Fiscalía en mal estado con Torres Dulce. Interpelado por las críticas que realizó el fiscal general al respecto, respondió: «No ha hecho ninguna declaración oficial. Sé que al salir se comentó que Alcoi no reunía las condiciones y había que ver si se podía rehabilitar o si sería necesario el cierre». Ahora mismo, añadió, «no hay tomada ninguna decisión, hablamos con la conselleria e intentamos ponerle remedio, se va a intentar mejorar la sede y rehabilitarla, y luego se pondrá en conocimiento del fiscal superior del Estado». El fiscal concluyó: «Ya sabemos que estamos en época de crisis, pero eso no es obstáculo u óbice para que nosotros pidamos todo lo que necesitamos, y luego siempre trataremos de mejorar para dar mejor servicio a los ciudadanos».