Sergio Olivas de 30 años, Victor Villarroel de 23, César Talavera de 34 y Miguel Martínez de 28 son discapacitados psíquicos pero saben muy bien que quieren seguir yendo todos los días a su centro ocupacional, al que consideran su casa para estar con sus amigos y monitores, a los que sienten como su familia. Saben también que «la cosa está fastidiada» y afirman rotundos que no quieren quedarse en su domicilio. «Mi centro es mi casa y mis compañeros, mi familia; quiero seguir yendo al centro para siempre y hacer pulseras y tubos», afirma Sergio.

Decenas de jóvenes con discapacidad intelectual se concentraron ayer en la Plaza de la Virgen de Valencia con sus monitores para oponerse al cobro del nuevo «copago» que ha instaurado la Conselleria de Bienestar Social, que multiplicará por diez la cuantía mensual que van a pagar las familias por la estancia en el centro ocupacional: de los 50 euros al mes de media a 333, 412 o 495.

El decreto 113 de 2 de agosto de 2013 establece que las personas con discapacidad intelectual que no sean dependientes paguen un copago por los servicios que reciben en función de la renta, aunque nadie sabe cómo se elaboran los cálculos.

La conselleria remitió en enero a las familias las resoluciones con los nuevos importes y ahora los responsables de los centros ocupaciones son los que tienen que hacer de «recaudadores» y «cobradores del Frac», como indicó Ángel Bonafé, presidente de la coordinadora de la C. Valenciana que agrupa a unos 100 centros y 4.000 usuarios.

La medida ha producido ya las primeras 50 bajas de personas que han dejado de ir a los centros.

César, diagnosticado de esquizofrenia paranoide, confiesa que desde hace días duerme peor: «Tengo pesadillas y sueño que me quedo fuera, estoy intranquilo porque yo no quiero volver a mi casa a estar solo, aquí estoy mil veces mejor, soy más persona y recapacito más, mi monitor es muy bueno, me apoya y me ayuda a estar bien». El pagaba 100 euros y con el copago abonará 300.