La Fiscalía, la Abogacía de la Generalitat y la acusación popular mantienen su petición de penas de hasta 15 años de cárcel para el exconseller Rafael Blasco y los otros ocho procesados en el Caso Cooperación.

El fiscal Vicente Torres ha detallado los argumentos por los que cree que se debe condenar a Blasco por los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación y falsedad documental en el primer día de conclusiones y lecturas de informes en el juicio.

Se ha producido un pequeño receso tras cambiar el relato de los hechos la defensa de Blasco para que el resto de las partes pudiera estudiar dichas modificaciones del escrito. Por otra parte, el abogado de la Fundación Cyes ha cuestionado los delitos que se le imputan a los acusados.

Así mismo, el fiscal ha elevado a definitivas sus acusaciones contra los otros ocho acusados más en este procedimiento: Tauroni; el que fuera subsecretario de la conselleria, Alexandre Català; el exdirector general, Josep María Felip; el exjefe del servicio de Cooperación, Marc Llinares; el exjefe de gabinete de Blasco, Xavier Llopis; la ex secretaria general de Cooperación, Tina Sanjuán; el presidente de la Fundación Cyes, Marcial López; y una trabajadora de esta fundación y pareja de este último, Josefa Cervera Tomás.

La solicitud de pena más alta de prisión es para Blasco, con 14 años; a él le siguen Tina Sanjuán, para la que el ministerio público solicita 13 años y medio, 32 de inhabilitación y una multa de 14.400 euros; Català, con 13 años, 30 de inhabilitación y 21.600 euros; Tauroni, con 11 años de cárcel, 21 de inhabilitación y el pago de la misma cantidad; Felip, con 10 años de prisión, 27 de inhabilitación y una multa de 10.800 euros; Llinares, con ocho de prisión y 18 de inhabilitación; Llopis, con seis de prisión, seis de inhabilitación y una multa de 10.800 euros; y, por último, Marcial López y Josefa Cervera, para los que Fiscalía reclama cuatro años de cárcel, y el pago de una multa --para cada uno-- de seis millones de euros.

En cuanto a la responsabilidad civil, los fiscales del caso --Jesús Carrasco y Vicente Torres-- solicitan que López, Cervera y Tauroni indemnicen conjunta y solidariamente a la Generalitat Valenciana con la cantidad presuntamente defraudada en esta pieza, que asciende a 1.784.840,04.

Según el fiscal Vicente Torres, el exconseller reintrodujo en varias ocasiones la solicitud de la Fundación Cyes -sin relación con la constructora del mismo nombre- en el procedimiento administrativo para la obtención de ayudas al desarrollo, después de que esta supuesta ONG fuera se descartada por no cumplir diferentes requisitos de la convocatoria.

"Nunca se planteó que la subvención fuera a parar a otra ONG", ha afirmado, y ha argumentado que, con la resolución de las ayudas en favor de Cyes, que recibió casi 1,8 millones de euros de la Generalitat, el exconseller expresa su "intención de beneficiar al empresario Tauroni, en un claro ejemplo de clientelismo político". El fiscal ha sostenido que Blasco y Tauroni -el único procesado en esta causa que está encarcelado- se conocían "antes de octubre de 2010", fecha que ambos fijan el comienzo de su relación, y "actuaban juntos para delinquir".