El exconseller Rafael Blasco ha asegurado en la última sesión del juicio del conocido como caso Cooperación que la Abogacía de la Generalitat, que ha ejercido la acusación particular, le defendió y tuvo conocimiento de su posición "hasta bien entrado 2012".
Blasco ha realizado estas afirmaciones al hacer uso del último turno de palabra que la presidenta del tribunal, Pilar de la Oliva, ha concedido a los nueve acusados tras las conclusiones de las defensas.
"La Abogacía avaló toda mi gestión y me defendió ante distintos tribunales de esta ciudad. Tuvo conocimiento de mis posiciones en este juicio hasta bien entrado 2012", ha insistido.
Asimismo, ha denunciado el daño personal al que a su juicio se ha visto sometido "durante tres años y medio" como consecuencia de un juicio mediático paralelo en el que la presunción de inocencia "ha brillado por su ausencia".
"Lo que aquí eufemísticamente se ha llamado filtraciones no han sido tales, sino que se ha difundido contenidos concretos de una investigación que esta bajo secreto de sumario. Se me ha causado un daño irreversible en término familiares, políticos e incluso económicos", ha agregado.
Tras reconocer la labor de la presidencia del tribunal, Blasco ha expresado que ha sentido "alivio" al enfrentarse al juicio oral y al "tener la posibilidad de conocer de primera mano y sin intoxicaciones lo que nos jugábamos".
Ha reiterado su inocencia, si bien ha reconocido: "algún error he cometido en el ejercicio de la responsabilidad pública, pero siempre he estado al lado de la ley y nunca he traspasado la frontera que rozara la más mínima ilegalidad".
Su última reflexión la ha dedicado a sus colaboradores procesados en esta misma causa, de quienes ha afirmado que "son personas honorables que no hubiesen consentido que nadie les plantease ninguna irregularidad administrativa".
"Están aquí porque, como algún abogado ha planteado, se buscaba la pieza de Rafael Blasco", ha concluido.
La ex secretaria general administrativa Agustina Sanjuán ha pedido una sentencia "justa, libre e independiente" y ha denunciado, al igual que Blasco, el juicio mediático a la que a su juicio ha sido sometida.
"Espero una sentencia justa, pero el mal ya esta hecho, se me ha acabado la vida desde el punto de vista familiar, profesional y económica", ha añadido Sanjuán, quien ha criticado la "actitud" de la Abogacía de la Generalitat y el Ministerio Fiscal, que a su juicio no han respetado la presunción de inocencia.
"Me duele la actitud de la Abogacía en lo más íntimo", ha apuntado Sanjuán, y ha señalado expresamente a la abogada María José Rodríguez, presente en todo el proceso, porque fue su "primera jefa" y "conoce mi trayectoria profesional".
Alejandro Catalá ha afirmado que dio el salto a la política directamente desde la universidad, y que ha vuelto a ella sin haber sacado ningún provecho del cargo público, sin "haber colocado a nadie ni haber recibido dádiva alguna".
"Tengo la conciencia tranquila de no haber cometido ninguna ilegalidad, reitero mi inocencia", ha concluido.
En los mismos términos se ha expresado Josep María Felip, quien únicamente ha asegurado tener "la conciencia tranquila y en paz, que es lo único que me importa".
El exjefe de gabinete de Blasco Javier Llopis -que se ha expresado en valenciano- ha negado cualquier responsabilidad en la falsificación de documentos y ha considerado que no se ha podido demostrar lo contrario durante el juicio.
El único de los nueve imputados que esta en prisión, el empresario César Augusto Tauroni, ha rechazado realizar cualquier comentario en este último de palabra, al igual que Marc Llinares, Marcial López y Josefa Cervera, quien únicamente ha afirmado tener la "conciencia tranquila".
VISTO PARA SENTENCIA EL JUICIO
El juicio que se celebraba en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana contra el exconseller Rafael Blasco y otras ocho personas por el supuesto desvío de fondos de cooperación ha quedado visto para sentencia tras más de dos meses de vistas.
Tras las conclusiones de las defensas, que se han prolongado durante dos jornadas, y las intervenciones de los acusados en el último turno de palabra, la magistrada presidenta de la sala, Pilar de la Oliva, ha pronunciado el "visto para sentencia" en uno de los procesos por corrupción más mediáticos de cuantos se desarrollan en la Comunitat Valenciana.
Ha sido el juicio de la primera pieza del caso sobre presunto fraude, falsedad documental, tráfico de influencias, prevaricación y malversación de caudales públicos en la concesión de subvenciones de la Generalitat a entidades solidarias, en el que están procesados el exconseller Rafael Blasco y otras ocho personas.
En esta pieza se han juzgado las presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones de la Generalitat a la Fundación Cyes, que recibió en 2008 algo más de 1,6 millones de euros para sendos proyectos de construcción de pozos de agua en Nicaragua a los que, según las acusaciones, solo llegaron 43.000 euros.
El exconseller Blasco ha hecho uso del último turno de palabra que la presidenta del tribunal, Pilar de la Oliva, ha concedido a los nueve acusados tras las conclusiones de las defensas, para afirmar: "La Abogacía avaló toda mi gestión y me defendió ante distintos tribunales de esta ciudad. Tuvo conocimiento de mis posiciones en este juicio hasta bien entrado 2012".
Asimismo, ha denunciado el daño personal al que a su juicio se ha visto sometido "durante tres años y medio" como consecuencia de un juicio mediático paralelo en el que la presunción de inocencia "ha brillado por su ausencia".
También ha sido procesado el empresario Augusto César Tauroni (en prisión provisional) por su participación en la organización del supuesto fraude, del que, al parecer, obtuvo un 25 % de las subvenciones concedidas mediante la emisión de facturas por trabajos y servicios "muy posiblemente no realizados".
Junto a Blasco y Tauroni también han sido juzgados los ex altos cargos Agustina Sanjuán, Marc Llinares, Alejandro Català, Josep María Felip y Javier Llopis; y el presidente de la Fundación Cyes (que no tiene nada que ver con la constructora del mismo nombre), Marcial López, y su pareja María José Cervera.
El Fiscal reclama penas de prisión de 14 años para Rafael Blasco, 13,5 para Agustina Sanjuán, 13 para Alejandro Catalá, 11 para César Augusto Tauroni, 8 para Marc Llinares, 10 para Josep María Felip y de 4 años para Marcial López y María José Cervera.
