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El Banco de España se niega a volver a las Corts porque le exigen explicaciones

El gobernador, Luis Mª Linde, pide a Cotino que se rectifique la convocatoria de dos cargos a la comisión de la CAM tras la «experiencia» Los diputados están convocados el próximo día 26 para tratar el desaire

El exresponsable del Banco de España, Fernández Ordóñez, compareció el pasado 10 de junio. efe/kai försterling

Ni un rapapolvo más en las Corts. El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha remitido un escrito al presidente de la Cámara, Juan Cotino, en el que le traslada la decisión de la Comisión Ejecutiva del supervisor de negarse a que sus reponsables vuelvan a comparecer en la comisión de investigación sobre el proceso que llevó a la quiebra e intervención de la CAM. La comunicación es respuesta al acuerdo, del 6 de febrero, de requerir la presencia del director del Departamento de Inspección IV del Banco de España, Pedro González, y del jefe del Grupo I del Departamento de Inspección I, Ángel Rico. Linde justifica la decisión en que «la experiencia» de las comparecencias celebradas entre ellas, la del exgobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el pasado 10 de junio «ha resultado ilustrativa en cuando a la inadecuación del formato oral a la comparecencia de autoridades estatales ante comisiones autonómicas de investigación, a la luz de los límites puestos de manifiesto por el Consejo de Estado».

Se refiere al dictamen que, a través del Gobierno, Ordóñez recabó del Consejo de Estado en julio de 2012 tras los primeros requerimientos de las Corts para comparecer y que desoyó. Como recuerda Linde, el informe del Consejo concluye que «no resulta obligado atender» los requerimientos de las Corts «por cuanto esta Cámara carece de potestad para fiscalizar la actuación de esta institución, al ser ajena a su ámbito competencial». Y ello pese a que el Código Penal establece que la negativa a comparecer en una comisión de investigación constituye un delito de desobediencia. El Consejo de Estado entiende que esa exigencia opera respecto a los parlamentos con competencias en la materia.

Las Corts replicaron con un informe jurídico en el que se defiende que el hecho de acudir a un foro investigador no implica que se sometan a fiscalización de las Corts, sino que lo enmarcaba en la «colaboración» entre instituciones y la información. Finalmente, Ordóñez, ya fuera del Banco de España, y otros exrresponsables aceptaron ir al Parlamento. Entre ellos, recuerda Linde, el exsubgobernador y expresidente del FROB, Javier Aríztegui, y el ex director general de Supervisión, Jerónimo Martínez.

Si quieren algo, «por escrito»

Pero, una vez en las Corts, los comparecientes se encontraron con que, más allá de las peticiones de información, los diputados les pidieron cuentas. Y les dieron estopa, cuando no señalaron su supuesta parte de responsabilidad. Sobre todo, desde Compromís y EU mientras el PP se esforzaba, en su afán de exculpar al Consell, por cargar las tintas sobre los responsables del Banco de España. Linde, que ya entonces expresó su oposición a que comparecieran advirtiéndoles de que, si querían hacerlo voluntariamente, tenían deber de reserva sobre sus actuaciones, ha decidido cortar por lo sano, considerando además que ya se dio «toda la información» y que las nuevas citaciones «son innecesarias». En su escrito a Cotino, le emplaza a que las Corts «reconsideren» sus requerimientos, «procediendo a acordar su anulación».

No obstante, apunta que si la Cámara entiende «justificadamente» que las citaciones son «imprescindibles», que, «al igual que se ha hecho en otras comisiones de investigación autonómicas análogas», se canalice «a través del oportuno procedimiento escrito». Un «formato más adecuado al contexto de colaboración y deber de reserva que debe presidir la comparecencia de autoridades estatales no sujetas a la fiscalización de parlamentos autonómicos».

Ante esta situación, el presidente de la comisión, el popular Rafael Maluenda, ha convocado este órgano para el día 26 con un único punto del orden del día: «Acuerdo de la comisión sobre el escrito remitido por el gobernador del Banco de España». La petición coloca al Parlamento en una posición incómoda: Si rectifica tras haber hecho de esta cuestión una especie de «asunto de Estado valenciano», cuando era contra el gobernador nombrado por el Gobierno socialista quedará malparado y si se mantiene en sus trece, se expondrá al desaire del Banco de España.

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