La portavoz de Bienestar Social del grupo parlamentario popular, María José García Herrero, defendió ayer que el Consell «cumple sus compromisos con los dependientes» y que las personas en situación de dependencia «están cobrando regularmente una nómina mensual a mes vencido».
García Herrero respondió así a las críticas del diputado socialista José Manuel Sánchez, que ha instado a la consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, a cumplir los compromisos de pago adquiridos con asociaciones y plataformas de dependientes.
La parlamentaria popular recordó que en diciembre la Generalitat abonó 21,5 millones en concepto de retroactividad del año 2013 a las personas que cobran estas prestaciones económicas por dependencia.
«El Consell está trabajando y haciendo todos los esfuerzos posibles para garantizar la sostenibilidad de la Ley de Dependencia, una ley que el gobierno del PSOE aprobó sin memoria económica y por tanto, sin dotación presupuestaria, lo que ha perjudicado no solo a la Comunitat Valenciana sino a todas las comunidades».
Además, criticó que los socialistas «no hablan de la deuda injusta, inmoral y vergonzante de mil millones de euros que dejó el gobierno de Zapatero a la Seguridad Social en concepto de cotizaciones de los cuidadores no profesionales que dejaron de pagar y que tuvo que afrontar a su llegada el Gobierno de Mariano Rajoy».
La diputada destacó que fue el Gobierno socialista con Jesús Caldera como ministro de Asuntos Sociales el que aprobó la Ley de Dependencia y dijo que pagaría más parte del servicio quien más recursos tuviera. «Esto no se lo ha inventado el PP ni la Generalitat Valenciana», apostilló.
Por ello mismo, a María José García Herrero le «llama la atención que sea el PSPV el que propone ahora la insumisión a su propia norma, al criticar esa aportación de los usuarios que ellos mismos establecieron en el ar-tículo 33 de la ley».
La diputada subrayó el «gran esfuerzo económico» de la Generalitat Valenciana, que aporta cerca del 50 % del gasto total, «por ello la Conselleria de Bienestar Social ya ha presentado alegaciones al informe del Tribunal de Cuentas que establece esa aportación de manera errónea en un porcentaje inferior».
