El expresidente de la Diputación de Castelló Carlos Fabra lanzó ayer sus dardos contra su sucesor, Javier Moliner, en su declaración como imputado en la Audiencia Provincial por el caso de la corrida de la Beneficencia. Fabra rechazó que en sus años de gobierno obligara a los municipios a comprar entradas en el acto taurino, tal como sostiene la fiscalía, y responsabilizó a Moliner a quien aludió de forma profusa con nombre y sus dos apellidos de utilizar un sistema de compensación con el Ayuntamiento de Vila-real, cuando él ya había abandonado la diputación. «Durante mis 16 años puedo presumir muy alto y muy fuerte de que nunca hubo discriminación a ningún ayuntamiento por su color político y menos por la corrida», sostuvo Fabra.
Fabra y el exvicepresidente de la diputación, Francisco Martínez, estaban citados a las diez de la mañana en el juzgado de instrucción número 4 de Castelló como imputados por presuntos delitos de prevaricación y exacciones fiscales ilegales a instancias de una querella de la fiscalía.
El fiscal abrió diligencias tras condenar el Tribunal Superior de Justicia a la diputación a devolver a Vila-real 20.000 euros en entradas y señala la posible existencia de irregularidades en el método de cobro de las corridas de 2010 a 2011. Según su escrito, la diputación adjudicaba un determinado número de entradas a los municipios «sin que mediara ningún tipo de solicitud por escrito, ni convenio». A las localidades que no pagaban se compensaba con deudas que mantenían con la diputación, añade la fiscalía, que indica que las órdenes de las ediciones de 2010 y 2011 las firmaron Fabra como presidente y Martínez como presidente accidental.
A su salida, Fabra negó los hechos que le imputa la fiscalía y aseguró que en su presidencia «no recordaba que se hubiera hecho alguna compensación de deuda por la corrida».
Gürtel «pinchó» en Castellón
Carlos Fabra se presentó ayer como una especie de corta fuegos de la trama Gürtel en Castelló y subrayó que si «en algún sitio» la trama corrupta Gürtel «pinchó, fue en la provincia de Castelló».
El expresidente del PP provincial desmintió una supuesta colaboración con la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, según señala un último informe de la Agencia Tributaria, que apunta un posible caso de financiación ilegal por parte del Partido Popular a Orange Market. Carlos Fabra restó credibilidad a este informe, aunque admitió haber mantenido una reunión con un representante de «Gürtel» que le presentó una oferta por un trabajo «quince veces» más cara que la de una empresa castellonense.«No voy a presumir de listo, pero tonto, tonto no soy», resaltó.
