El Ministerio de Fomento quiere desentenderse de la financiación de soterramientos ferroviarios y delegar su pago en municipios y comunidades autónomas, según establece en el Plan de Infraestructuras, Transportes y Viviendas (PITVI) 2012-2024, como ayer adelantó Levante-EMV. Una decisión que complica el futuro de la red arterial ferroviaria de Valencia y la operación urbanística adjunta, el Parque Central, y que la «condena» a una solución constructiva de «bajo coste» hasta nuevos tiempos mejores.
Pero la nueva filosofía del Ministerio de Fomento también puede afectar a otra reivindicación histórica de la ciudad, igual de veterana que el Parque Central pero menos necesaria para la operatividad ferroviaria de Valencia: la prolongación del túnel de Serrería, que separa los distritos de Camins al Grau y Poblats Marítims. Este tramo del corredor mediterráneo, por donde pasan y pasarán todo tipo de trenes mientras no se construya el eje pasante para el AVE y las cercanías, impide la prolongación de la avenida de Francia, e hipoteca el futuro de los programas de actuación integrada (PAI) del Grao y Moreras I y II. Bastaría con prolongar el túnel de Serrería 1,5 kilómetros más para que estos caminos de hierro dejen de constreñir a esta parte de la ciudad. Pero con la nueva máxima de Fomento para las proyectos de integraciones urbanas, „«los soterramientos no son necesarios para garantizar un buen servicio ni la funcionalidad de la red ferroviaria»„, la prolongación del túnel de Serrería parece condenada a financiarse por las arcas municipales ya que a las autonómicas, en el caso valenciano, ni están ni se las espera.
Sin embargo la prolongación del túnel de Serrería es uno de los escasos proyectos ferroviario-urbanísticos en el que los promotores ya han adelantado un dinero que, por ahora, ha caído en saco roto. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valencia planteó el soterramiento de las vías ferroviarias desde su salida tras la calle Serrería/Ibiza hasta pasar el cauce del Turia, y dibujó en esta área los sectores urbanizables (que entonces se llamaban PAU) de la Avenida Francia, Grao, Moreras I (Ciutat de les Arts) y Moreras II. En cada plan urbanístico se impuso una aportación económica a propietarios de suelo y promotores de la urbanización: los de la avenida de Francia pagaron a las arcas municipales casi 7,4 millones de euros; el agente urbanizador del sector Moreras II abonó 2 y en el sector del Grao las cargas de urbanización para el soterramiento ascendían a 5 millones de euros.
En el caso de la avenida de Francia, aprobado definitivamente por el Ayuntamiento de Valencia en abril 1991, «los promotores pagamos 1.000 millones de pesetas de la época cuando hicimos la junta de compensación. Nunca me he atrevido a preguntar qué ha sido de ese dinero, que era finalista, por lo que no podía destinarse a otro menesteres», según recuerda un promotor que participó en la urbanización del nuevo barrio de la ciudad.
Un informe del servicio de planeamiento del Ayuntamiento de Valencia, elaborado en 2004, admitía que las aportaciones económicas de todos los PAI «sólo cubrirían el 20% del coste total de las obras que, según los Servicios Técnicos Municipales rondaría los 78 millones de euros». Cuatro años después el soterramiento ya se calculaba en 110 millones, porque se quiso ampliar para que no afectara al nuevo sector de La Punta. El Ministerio de Fomento, a través de Adif, se ha comprometido a redactar el proyecto del soterramiento. Sobre quién paga las obras, no se ha pronunciado.
«¿Qué han hecho Fabra y Barberá para salvar estos proyectos?»
El portavoz de Infraestructuras en el PSPV-PSOE, Francesc Signes, lamentó ayer que «una vez más el Gobierno de Mariano Rajoy discrimina a la Comunitat Valenciana ante la pasividad de la Generalitat y del Ayuntamiento de Valencia», tras la información adelantada por Levante-EMV de que el Plan de Infraestructuras, Transportes y Vivienda (PITVI) del Ministerio de Fomento podría dejar en el aire el futuro del Parque Central de Valencia. «Se trata de un proyecto de más de treinta años de antigüedad, que aún no ha fructificado mientras que operaciones urbanísticas similares en Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla o Vigo ya están ejecutadas o en fase de resolución», recuerda Francesc Signes. El diputado socialista considera que «esto supone un duro golpe para el futuro de este parque, el más grande de Valencia, al tiempo que también siembra la duda sobre planes de actuación urbana como el del Grao, avenida de Francia y les Moreres». A juicio de Signes «poco o nada han tenido que luchar ante el gobierno central el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, para salvar este proyecto así como el canal de acceso y túnel pasante de Valencia, que tampoco entra en los planes de Fomento, con lo cual Valencia seguirá siendo durante décadas un fondo de saco desde el punto de vista ferroviario y semáforo rojo de Europa y con una estación provisional de AVE que puede seguir siéndolo durante décadas». Por ello el PSPV exige a Fabra y Barberá que «den explicaciones de forma inmediata y expliquen a la sociedad valenciana si han llevado nuestras reivindicaciones ante Madrid y si se han plasmado o no en alegaciones al PITVI, durante el proceso ya finalizado de exposición pública». Y concluye: «Queremos saber si este duro golpe ha sido consecuencia de la inacción de un PP valenciano ocupado en sus escándalos o un nuevo desprecio de Rajoy hacia los valencianos». levante-emv valencia
