Salvador Alós Borràs da un paso al frente y sale del anonimato. Él, de 61 años y trabajador interino de La Fe, es una de las cinco personas que ha conseguido en el TSJ y el Tribunal Supremo una sentencia judicial que declara irregular las oposiciones de celador celebradas en 2008 por la Conselleria de Sanidad. Afirma que entre esta semana y la próxima van a solicitar en los juzgados la ejecución de la sentencia. «No queremos echar a nadie ni hacer daño, pero si se cumple la sentencia, 675 personas tienen que irse a la calle, ¡eso está más claro que el agua!», avisa Salvador. Se refiere a los 675 celadores que accedieron a una plaza de celador tras aquel concurso-oposición. Van a pedir que se anule el primer examen del proceso de selección y que se proceda a la repetición de todo el proceso porque no aceptan la contraoferta de la Conselleria de Sanidad.
Salvador Alós reconoce que ya están sintiendo la presión de algunos de los compañeros que ganaron una de aquellas plazas. «Están más que cabreados: están acongojados. Algunos de ellos nos preguntan, con chulería y prepotencia, que de qué vamos. Te miran de una forma que, si pudieran, te pegarían una colleja. Como si te quisieran matar con una pistola», afirma. «Porque no entienden „continúa„ que como hemos ganado la sentencia, a ellos les pueden echar. No entienden que el mismo derecho tienen ellos de haber accedido a la oposición como nosotros de haber reclamado lo que es nuestro. Legalmente los hemos ganado. Y cuando uno gana en los tribunales, tiene toda la razón del mundo», insiste.
Las mayores críticas de Salvador Alós se dirigen a la Conselleria de Sanidad. «Estos señores son sumamente prepotentes y creen que nadie puede decir nada. Pero yo no trago. No he tragado nunca y ahora, con 61 años, todavía menos», dice. Avisa de que están dispuestos a ir hasta el final. «Caiga quien caiga: eso lo tengo clarísimo, porque no soporto su prepotencia», afirma en alusión a los responsables políticos de Sanidad. Salvador ve posibilidades de que se tenga que repetir el primer examen a todos los aspirantes, lo que podría llevar aparejada la pérdida del trabajo de los 675 celadores que consiguieron la plaza.
De forma desenfadada, augura que «el cacau que va a armarse es de puturrú de foie». «Y eso es culpa de la conselleria, que sabrá qué consecuencias le esperan», sostiene Salvador, quien carga contra la «política de discriminación y el abuso de poder hacia los interinos por parte de la Administración».
