La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha pedido explicaciones a la Generalitat sobre los impagos de las ayudas a la vivienda, tras las numerosas quejas recibidas por esta situación. «Se está estudiando, como consecuencia de la tramitación de muchas quejas individuales, iniciar una actuación de oficio ante el Ministerio de Fomento para obtener información sobre las comunidades autónomas que tienen pendiente de justificar los pagos de planes de vivienda anteriores, y su cuantía», asegura la institución en el Informe del Defensor del Pueblo 2013.

El organismo fiscalizador señala que «interesa el caso particular de la Comunitat Valenciana, que ha diseñado un sistema para pagar las ayudas ya concedidas» para «conocer si ha sido efectivo y cuántas ayudas quedan por pagar», además de «informar sobre el problema que está ocasionando el endeudamiento de los particulares con los bancos, por tener reconocidas las ayudas y no recibir su pago».

El Defensor del Pueblo inició una actuación en abril de 2013 por el «retraso en los pagos del cheque vivienda en la Comunitat Valenciana y criterios de prioridad de pagos». La institución solicitó información a la Conselleria de Territorio, de quien depende la tramitación y pago de la ayudas, «sobre el número de expedientes reconocidos y pendientes de pago, las cuantías debidas, las previsiones de fondos y el calendario y criterios de prioridad del pago».

Territorio respondió que existen «unos 14.000 expedientes pendientes de tramitación, por un importe global cercano a los 140 millones de euros. Quedan por pagar aproximadamente el 18,71% de las ayudas ya reconocidas». La Generalitat se ha comprometido a «articular tres vías para la gestión de las ayudas ya reconocidas: una para hacer frente a los anticipos bancarios (a través de subvenciones nominativas), otra para las ayudas a colectivos especialmente vulnerables y una tercera para las ayudas al resto de colectivos». Territorio admite que «el abono total de las ayudas dependería de las disponibilidades presupuestarias, por lo que no podía anticipar una previsión de calendario de pagos».

Cabe recordar que los 140 millones del cheque-vivienda admitidos por Territorio al Defensor del Pueblo son una parte de la deuda que mantiene con los beneficiarios de las ayudas. Como ha informado en reiteradas ocasiones la Plataforma de afectados, la conselleria presupuestó 374 millones en ayudas a la vivienda pero aún debe 230 millones de euros. Territorio también se ha quedado con dinero que recibió de Fomento para abonar ayudas, ya que aún tiene que justificar 59 millones de euros ante el ministerio, como adelantó Levante-EMV.