Menuda ha montado Milagrosa Martínez con su renuncia en el último momento ¿Qué va a pasar ahora?
Ahora se ha suspendido el procedimiento hasta que se resuelva que órgano es el competente. Ahí se barajan tres posibilidades: el TSJ de Valencia, la Audiencia Nacional o la Audiencia de Valencia.
¿Cuál cree usted que es el competente?
Aquí hay diferentes opiniones. Yo y otros compañeros de la defensa entendemos que la competencia le corresponde a la Audiencia de Valencia por el lugar donde ocurrieron los hechos, aunque es un tema complejo y no está claro. Yo entiendo que si los contratos se han firmado en Valencia el competente es la Audiencia Provincial. El concurso se gestiona desde Valencia.
Las partes ya dan por hecho que al final el Supremo va a tener que resolver sobre la competencia ¿Cuánto tiempo puede tardar el Tribunal Supremo?
Como mínimo no va a resolver antes del verano y después el tribunal donde caiga tiene que señalar. Si coincide con el juicio de Madrid „la rama principal de la Gürtel que ya está a punto„ no sabemos qué puede pasar. Primero se tendría que hacer uno y luego el otro.
¿Cuándo podría salir el juicio de la Audiencia Nacional?
La previsión es que arranque antes de final de año. Ese juicio va a ser larguísimo. Va a durar como mínimo un año.
¿Y se podrá simultanear con el de Valencia?
No. Lo más probable es que el juicio de Fitur sea dentro de un año y medio.
Ustedes, los abogados de los cabecillas, se sumaron a la recusación de la sala que planteó sin éxito la funcionaria procesada Ana Grau y ahora insisten en que el TSJ no juzgue el caso ¿Por qué?
Nosotros creemos que la sala ha perdido la competencia y que está contaminada. No es que la sala tenga prejuicios porque está formada por unos magistrados con una trayectoria intachable y son muy profesionales. Yo creo que están contaminados porque han resuelto cuestiones que afectan a la instrucción.
¿A qué se refiere?
A que ha participado en la instrucción cuando resolvió un recurso sobre la transformación del procedimiento. Ahí tuvo que entrar en el fondo del asunto porque había planteamientos que afectaban al derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva. En cualquier caso, el TSJ de Valencia ha tenido un comportamiento exquisito y ha sido muy escrupuloso. No se ha dejado influenciar ni por la Fiscalía ni por las defensas ni por los políticos.
La causa está dividida en seis piezas que pueden derivar en cuatro, cinco o seis juicios ¿No se podría hacer todo en uno?
Eso es lo que hemos peleado. Nosotros queremos que haya una causa única, pero el fiscal se ha opuesto continuamente. Con una causa única incluso el procedimiento de Madrid tendría que venir a Valencia, pero eso no interesa a la Fiscalía.
Pablo Crespo se quejó de que al haber tantas piezas al final van a condenarlos varias veces por hechos muy similares ¿Eso es así?
Así es. Además, con el primer juicio el fiscal ya va a conocer las armas de defensa. Y nos podemos enfrentar a dobles condenas.
En el escenario más negativo ¿A qué penas les podrían condenar?
A más de cien años.
¿Y el cumplimiento mínimo?
Dieciocho años.
El gran beneficiado de la renuncia de las aforadas (Milagrosa Martínez y Angélica Such) es el PP porque si el caso pasa a la Audiencia Nacional se perderá repercusión ¿Lo perciben ustedes así?
Yo no voy a entrar en cuestiones políticas. Otras defensas y yo estamos deseando hacer este juicio. Entendemos que en este juicio pueden resultar absueltos.
¿Por qué?
Porque este procedimientos se basa en suposiciones de la policía. La UDEF no ha sabido diferenciar un hecho objetivo de una sospecha.
¿Por ejemplo?
La Udef dice que hay una doble facturación y es falso. Es una facturación que anula a la otra. O lo de Cotino. La Udef dice que Juan Cotino se reúne con Pablo Crespo y es falso.
Bueno, pero Cotino sí que parece que tuvo alguna intervención en la visita del Papa por lo que han dicho los testigos.
Cotino en la visita del Papa actúa sin ninguna vinculación con el grupo Correa. Es un voluntario que se presta a trabajar para la organización de la visita del Papa.
Ya me ha dicho que no quiere hablar del PP, pero ¿han recibido alguna presión para que no declaren sus clientes?
Nunca. Ni ahora ni nunca.
¿Y por qué no declaran?
Porque a Pablo Crespo y a Francisco Correa se les ha vulnerando su derecho de defensa desde el inicio de procedimiento como consecuencia de la intervención de un juez prevaricador „Baltasar Garzón„. Esta investigación arranca llena de irregularidades.
