La nueva ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje (Lotup) llamada a simplificar el galimatías urbanístico valenciano inició ayer su tramitación formal al ser aprobada por el pleno del Consell. En breve llegará a las Corts para su debate y posterior aprobación. La consellera de Territorio, Isabel Bonig, compareció en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell para explicar los detalles de la nueva «criatura» legislativa -esto ha sido como un embarazo-, admitió.

Bonig cumple así el compromiso público que hizo el 22 de agosto de 2011, cuando anunció la quinta purga urbanística que se intentaba desde 2007, y que se acogió con escepticismo, pero que ve la luz casi tres años después. El nuevo texto legal adelgaza el paquete de cinco leyes y dos reglamentos con 1.183 artículos, heredados de la etapa de Rafael Blasco, hasta 269 artículos.

Entre las novedades de la ley menos conocidas hasta ahora está la flexibilización de la normativa para legalizar los «diseminados», las urbanizaciones construidas en suelo rústico sin servicios mínimos como saneamiento, agua o luz. «Se ha buscado una solución para los diseminados en suelo no urbanizable común», basada en los cambios de la densidad exigida. «Si antes se requería 10 viviendas o más en un área de 100 metros cuadrados para legalizarlas, lo que generaba muchos problemas, ahora se reduce [el requisito] a tres viviendas o más en una hectárea (10.000 m2) para legalizarlas siempre que presenten un plan especial y un proyecto de urbanización que debe ejecutarse para evitar los impactos en el medio ambiente. Sólo entonces se les dará la licencia de legalización».

La concreción de esta nueva medida será competencia de los ayuntamientos. «Nosotros damos un instrumento legal para regularizar una situación que existe, pero es competencia que deben ejercer los ayuntamientos de acuerdo con los propietarios [de las viviendas]», respondió Bonig cuando fue preguntada sobre si la regularización de viviendas sería «voluntaria» o la conselleria iba a iniciar una «batida» de legalizaciones. El problema de los diseminados era una de las patatas calientes que debía afrontar la nueva ley para resolver la metástasis de chalés ilegales que se arrastra desde los años 60 y 70 y que supone un auténtico quebradero de cabeza en poblaciones como Llíria, Montroi (donde dos alcaldes acabaron imputados en una investigación que aún continúa) Montserrat, Ontinyent, la Marjaleria de Castelló, Llíber o Albalat de Tarongers, por citar sólo algunos ejemplos.

Para compensar esta manga ancha con las viviendas ilegales «de hecho», se va a endurecer la prescripción de las construcciones ilegales, para que el «hecho» se convierta en «derecho». Esta medida no ha gustado a algunos alcaldes, según admitió ayer la consellera. Cuando entre en vigor la nueva Lotup las ilegalidades urbanísticas ya no prescribirán a los cuatro años, sino a los quince. Se pretende atajar así la pillería muy extendida de ejecutar unas obras sin licencia y esperar, sin hacer ruido, durante un plazo de cuatro años para iniciar el proceso de legalización de una vivienda. Bonig también recordó que la ilegalidad en suelo protegido «no prescribe nunca».