Manuel Dolz Lago

´Hay que acabar con los aforados para mejorar la lucha contra los corruptos´

«Es una auténtica burla que algunos puedan declarar por escrito como ocurre con Camps en Nóos», explica el fiscal del Tribunal Supremo

14.04.2014 | 16:29
Manuel Jesús Dolz.
Manuel Jesús Dolz.

El fiscal valenciano Manuel Dolz está preocupado por cómo avanza la lucha contra la corrupción. Dolz considera que es necesario blindar la actuación policial para que no sufra las presiones de los círculos de poder y apuesta por acabar con el privilegio del aforamiento.

Una de sus grandes preocupaciones es la corrupción ¿Qué medidas adoptaría usted para luchar con más eficacia contra esta lacra?
Lo más importante es garantizar que la policía que investiga a los políticos corruptos esté blindada de cualquier tipo de injerencia. En el mismo sentido, la Fiscalía y, por supuesto, los jueces de instrucción. Esto es muy importante porque los fenómenos de corrupción tocan esferas de poder. En esas esferas hay posibilidades de llegar a los órganos de investigación para que las pesquisas no prosperen. Hay que blindar absolutamente a los jueces, fiscales y policías para que no sufran injerencias y hay que acabar con los aforados.

¿Esa posible pérdida de independencia se nota en algún proceso concreto?
Cuando se inician investigaciones relacionadas con políticos es un clima que se percibe. Se palpa la pretensión de dirigir esas pesquisas. Yo lo que digo es que las investigaciones deben blindarse. ¿Cómo se hace en el ámbito de la policía? Las investigaciones no pueden ser alteradas ni siquiera por parte de los superiores jerárquicos porque los agentes están adscritos al juez que lleva las pesquisas y al fiscal. No pueden ser removidos del caso sino es con autorización del juez y el fiscal. Esto lo dice la ley y la inamovibilidad de esos funcionarios es uno de los elementos más importantes para evitar que si la investigación no gusta al poder los puedan cambiar de destino.

Usted llevó el caso Campeón del exministro José Blanco, ¿percibió algún tipo de presión?
Directamente a mí no me presionaron, pero ambientalmente sí que lo respiré. Yo creo que no es deseable que eso exista.

Y eso que el Gobierno había cambiado de signo político.
Aunque cambie el Gobierno de signo la situación no varía. Estamos hablando de esferas de poder y siempre son proclives a las presiones.

¿Se nota ahí el corporativismo entre los políticos?
El corporativismo está en la defensa del aforamiento. No como está pensado para defender a la institución de las Cortes Generales cuando son diputados sino que los políticos lo utilizan como una forma de blindaje frente a actuaciones que les pueden perjudicar.

Las dos aforadas del caso Fitur „la primera pieza de Gürtel que iba a ser juzgada„ han forzado la suspensión del juicio en el último momento con su dimisión. El fiscal Anticorrupción denunció que era un auténtico fraude de ley.
Así es. La solución para evitar este tipo de casos es eliminar el aforamiento. El ministro de Justicia acaba de anunciar la supresión de los magistrados autonómicos de los tribunales superiores de Justicia porque se ven en la tesitura de juzgar a aquellos parlamentarios que los habían elegido.

¿Por qué se ha incrementado la corrupción?
La corrupción se ha incrementado por el «boom» inmobiliario. Ese «boom» generó enriquecimiento de determinados sectores de la sociedad. Se produjo en las administraciones locales todo un fenómeno de externalización de los servicios y creación de sociedades mercantiles para evitar los controles y ese fue el terreno abonado para la corrupción. Empresarios que acudían a los políticos que les facilitaban después todo tipo de licencias para la construcción y otros ámbitos. La corrupción está muy enraizada en nuestra sociedad y encontramos ejemplos de ello ya en el XIX con el caciquismo. En el ámbito político incluso se ha tratado corromper a jueces, fiscales y policías. El Consejo de Europa ha emitido informes en los que advierte de que hay que aplicar controles para evitar que la corrupción se extienda a los jueces, fiscales y policías.

¿Cómo se ha avanzado en la lucha contra la corrupción desde la creación de la Fiscalía especializada a finales de los años noventa?
Hay una gran paradoja porque han aumentado los casos de corrupción a pesar de la creación de la Fiscalía especializada. Eso no quiere decir que la Fiscalía no funcione sino que han aflorado los casos. Es como la violencia doméstica, que han salido a la luz más asuntos tras incrementar los medios. Los casos de corrupción existen hasta el punto de que es la segunda preocupación de los españoles. El Consejo de Europa nos ha advertido de que tenemos que adecuar nuestra legislación por ejemplo en el tema de la financiación de los partidos políticos. Desde los años noventa, los dos grandes partidos han tenido problemas con su financiación.

Usted también está en contra de que los aforados declaren por escrito como pasa con Francisco Camps en el caso Nóos.
Yo he llevado procesos en los que los políticos han declarado por escrito y así no se consigue saber la verdad. Es una auténtica burla a la prueba testifical las declaraciones por escrito sin presencia del fiscal y del juez. El ministro Ruiz Gallardón ha anunciado que se van a suprimir y cualquier político tendrá que someterse al interrogatorio presencial con el fiscal, el juez y su abogado.

¿Cómo se pueden agilizar los procesos en los casos de corrupción para que no se eternicen?
Es muy difícil. Son procesos muy complejos y muy ramificados. Es necesario fragmentarlos como ha pasado aquí en Valencia con el caso Gürtel y el caso Cooperación. Partir de la teoría de la conexidad genera un monstruo que no hay quien lo domine. Es necesario parcelar y dedicar equipos de investigación policial a cada una de las piezas separadas.

Los abogados se quejan de que esa parcelación puede generar dobles condenas.
Es cierto, pero los delitos continuados tienen una pena mucha más agravada. Luego hay mecanismos de compensación como la refundición de las penas.

La sociedad está preocupada con los indultos, ¿debían eliminarse?
Totalmente. Yo estoy en contra de los indultos. Hay determinados delitos como los de violencia de género o los de corrupción política en los que no tiene sentido que se realice todo un proceso judicial para que después el Gobierno tome una decisión arbitraria. Las últimas resoluciones del Tribunal Supremo „la anulación del indulto al kamikaze de Polinyà del Xúquer„ han sido hitos. También ha declarado la arbitrariedad del indulto del consejero delegado del Banco Santander.

¿Qué opina de la supresión de la ley de Justicia Universal?
Me parece que es una ley que va a ser cuestionada ante el Constitucional. El Gobierno se ha dejado llevar más por la protección de interés económicos y de grandes potencias que por la defensa de los derechos humanos.

Además, está produciendo aberraciones como la liberación de narcotraficantes detenidos en aguas internacionales.
El mismo fiscal general del Estado ha protestado. Por lo menos tenía que haber sido sometida a informes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal. La política legislativa tiene que estar en función de la protección de los derechos humanos.

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