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Conflicto a la vista

El Gobierno prohíbe al Consell pagar la extra de 2012

Los sindicatos advierten que la Generalitat acabará pagando más por las costas que por los 44 días que descontó indebidamente

El secretario de Estado de Hacienda y Administraciones Públicas, Antonio Beteta, eximió al Consell de la responsabilidad de dilatar la devolución a los funcionarios de parte de paga extraordinaria de Navidad de 2012 suprimida por el Gobierno a pesar de la avalancha de sentencias en las que se está reconociendo el derecho individual de los empleados a cobrarla.

Beteta no solo asumió esta decisión, sino que prohibió al Ejecutivo de Fabra pagar con carácter general esta deuda que los sindicatos cuantifican en 50 millones. Si así lo hiciera, avisó, se impugnará el acuerdo. En realidad, Beteta no hizo ningún favor al departamento que dirige Juan Carlos Moragues que, tal como informo ayer Levante-EMV, acumula ya decenas de resoluciones contrarias que afectan a unos tres mil empleados. Al menos así lo piensan los sindicatos para quienes el número dos del ministro Cristóbal Montoro solo les deja un camino: colapsar la administración de justicia con miles de denuncias individuales, nada menos que 120.000; el número de empleados que tiene la Generalitat.

De hecho, en sus declaraciones a la prensa durante un acto en Alicante y en presencia de Moragues, Beteta dejó claro que la denuncia individual es el único camino. Recordó que el Real Decreto (por el que se suprimió la paga) «sigue en vigor» y, por lo tanto, no se puede abonar la paga extra, pero «cualquier sentencia de carácter individual que se produzca debe ser abonada». Y añadió: «Cualquier decisión que se tome por cualquier ayuntamiento o comunidad autónoma que contravenga lo establecido en el Real Decreto, será recurrido».

En resumen, el Gobierno mantiene que el decreto de supresión es legal y, por lo tanto, los funcionarios solo podrán cobrar si acuden uno por uno al juez. En el fondo subyace el interés del Gobierno de ganar tiempo (la constitucionalidad del Real-decreto se está discutiendo en el Constitucional) ya que admitir su error en la aplicación del decreto, supondrá un desembolso importante de dinero. Beteta aseguró que hay resoluciones judiciales contradictorias, aunque, al menos las dictadas en el ámbito de la C. Valenciana, son unánimes: el Consell descontó indebidamente 44 días de la paga, ya que el decreto no podía aplicarse con carácter retroactivo.

Moragues asumió la tesis de Beteta e indicó que el Consell de momento solo pagará a los funcionarios que pleiteen. El efecto llamada es inevitable. Los sindicatos, que ya estaban animando a los empleados a solicitar extensiones de sentencia, avisan del colapso en la administración de justicia y del coste añadido para las arcas autonómicas, ya que los juzgados acabarán condenando en costas a la administración. Así habrá funcionarios que cobren más por las costas (375 euros) que por el principal de la deuda.

La amenaza de Beteta genera un problema también a aquellos ayuntamientos como el de Valencia que habían decidió pagar con carácter general a sus funcionarios. Se enfrentan, como la Junta de Castilla y León, a un recurso del Estado.

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