La ajustada inversión del Gobierno central en la Comunitat Valenciana en los presupuestos generales de 2014 se ha reducido en veinte millones más, con afección directa al presupuesto de carreteras, tanto en mantenimiento como en conservación, según ha detectado la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana (CCCV) en el seguimiento detallado que hace de las cuentas de la administración.
«En los presupuestos generales del Estado de 2014, que creíamos definitivos, los ministerios de Fomento y Medio Ambiente destinaban 118,08 millones de euros a inversión». Una cantidad en la que «ningún grupo parlamentario logró introducir en fase de enmiendas, tanto en el Congreso como en el Senado ni un sólo euro a lo que figuraba en el anteproyecto de presupuestos», recuerda la CCCV.
«Pero después vino Bruselas y, a la vista del nuevo Plan de Estabilización presentado en noviembre de 2013 y aceptado por Madrid, se nos imponen nuevos recortes en gastos, que el Gobierno de España en lugar de aplicarlos a rebajar gastos estructurales lo aplica íntegramente a rebajar aún más la inversión» lo que se traduce «en unas nuevas previsiones de inversión más nefastas de las inicialmente conocidas», señala el gerente de la Cámara, Manuel Miñes. De esta manera, los 118,08 millones de inversión iniciales de los ministerios de Fomento y Medio Ambiente (el 4,68% del total de la inversión de estos departamentos a nivel estatal) para 2014 se reducen 20,28 millones menos, hasta los 97,79 millones de euros (el 4,55% de la inversión de estos departamentos a nivel estatal).
Parte de este tijeretazo afecta al mantenimiento de carreteras, según advierten desde la Cámara de Contratistas. De 63,572 millones de euros iniciales previstos para la carreteras valencianas en 2014 se reducirán hasta los 50,9 millones que representan el 7,10% del presupuesto total para mantenimiento de toda España, que asciende a 717 millones de euros, «por debajo del ya ridículo 7,88% que preveían las cuentas iniciales de 2014» para mantener las carreteras estatales en buen estado.
En el caso de las carreteras en construcción el recorte es leve, de 33,514 millones a 33,499, pero el gerente de los contratistas recuerda que algunas de estas obras «llevan un retraso de más de tres años sobre su plazo inicial».
Unos datos que, a juicio del gerente de los contratistas, «no hacen más que evidenciar la escasísima dotación económica con la que dota la administración central a la conservación y mantenimiento de carreteras existentes y que se opone diametralmente a las manipuladas y engañosas manifestaciones del Ministerio de Fomento y de la Conselleria de Infraestructuras sobre la tan esperada liberalización de la AP-7 para el año 2019», el año en que finalizará la concesión y que Fomento y la Generalitat usan ahora como excusa para no construir en los próximos cinco años las variantes previstas en la N-332 y la N-340. «Es sencillamente inaceptable y obedece a una falta de liderazgo del gobierno autonómico», lamenta Manuel Miñes.
«Ni el Estado español ni Bruselas aceptarán otra autovía más libre de peaje, por lo que sí o sí se impondrá un peaje en la sombra o Euroviñeta que se haga cargo de su mantenimiento una vez liberada, porque las arcas públicas no pueden soportar otros 550 kilómetros de nuevas autovías que habría que sumar las actuales deficientemente conservadas», advierten los Contratistas. Por ello, muestran su «absoluta convicción de que la AP-7 nunca se liberará al cien por cien porque no es la política ni las recomendaciones que lanza Bruselas que prevé, a medio plazo, que todas las carreteras de alta capacidad deberán cobrar por su utilización para que paguen los usuarios lo que ahora abonan todos los ciudadanos con sus impuestos».
