Necesitado de ofrecer imagen de «limpieza» en un año en el que se juega su futuro en las urnas, la dirección del PP se ha marcado el objetivo de garantizar un uso correcto del dinero que se utiliza para sufragar las campañas electorales. En plata, a las puertas de tres citas con las urnas decisivas, los populares van a tratar de evitar nuevos casos de financiación ilegal como las que a día de hoy se investigan en el TSJ en el marco del sumario de la trama Gürtel. No están dispuestos a que les exploten más problemas en un momento clave: el más complicado para el PP desde que llegó a la Generalitat en 1995.
La cúpula provincial del PP de Alicante ha enviado a todas sus agrupaciones locales un manual para que el manejo de los fondos dedicados a las próximas campañas se realice conforme a la ley, cuya última modificación es reciente. «Queremos que todo el mundo lo haga bien. Ese es el objetivo», resumieron fuentes del PP.
El documento ofrece directrices sobre la fórmula para contabilizar los gastos de campaña, alecciona a los cargos sobre la diferencia entre el dinero que se utiliza para financiar los procesos electorales y el que sirve para cubrir las facturas ordinarias y establece los pasos para abrir cuentas bancarias y realizar así transacciones que permitan atender las finanzas de la campaña. Oficialmente, los populares toman medidas para que sus cargos, de acuerdo con ese informe adaptado de otro elaborado a su vez por Génova, sigan «el modelo de gestión de fondos que deben utilizar de acuerdo con la ley».
En estos momentos, la formación arrastra dos sumarios en el TSJ por una supuesta financiación ilegal ligada a la trama Gürtel. En sus últimos informes, la Agencia Tributaria cuestionaba la gestión de actos electorales organizados por Orange Market. Al tomar el mando de la dirección alicantina, José Císcar no sólo se encontró también con un completo desbarajuste en el modelo de gestión de fondos que venían utilizando las organizaciones municipales del PP. Los colectivos locales manejaban el dinero sin control y al margen de la fiscalización del Tribunal de Cuentas. Abrían cuentas a nombres de particulares, de asociaciones sin ánimo de lucro, de entidades culturales o musicales para eludir la normativa sobre los fondos que se usan para cubrir los gastos habituales que generaba la organización.
