La conselleria de Hacienda y Administración Pública convocó ayer a una reunión el miércoles de la próxima semana a los representantes de los sindicatos para abordar la situación de la supresión de la paga extra acordada mediante el decreto ley del 20/2012. El Ejecutivo presentó la cita como una muestra de su «apuesta por el diálogo social y la negociación colectiva en temas que afectan y preocupan de manera directa a los empleados de la Administración, como es la aplicación de la legislación estatal por la que se aprobó la supresión de la paga extra de Navidad de 2012 a los empleados públicos». Para los sindicatos, por contra, la convocatoria es fruto de sus presiones ante la amenaza de acciones legales.
Tal como reveló Levante-EMV, el Consell está demorando el abono de parte de la extra que se quitó indebidamente a los funcionarios, tal como están determinando multitud de sentencias del TSJ. En concreto, la correspondiente a los 44 días antes de que se aprobara la medida por la que se suprimió la paga. El pago supone un desembolso de 50 millones a 120.000 empleados. El Consell, en vez de reconocer la devolución, está abonando el dinero a medida que se producen las sentencias individuales. Hacienda asegura que actúa así por imposición del ministerio. Ayer, el sindicato Cemsatse anunció que va a solicitar al juez que las costas judiciales de las demandas para la devolución de la paga extra las asuma de su patrimonio el conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, ya que considera «injusto» que las arcas públicas paguen las condenas a costas.
Según Cemsatse, el conseller debería asumir las costas de los «más de 120.000 juicios» que deberán interponer los funcionarios valencianos para que la Generalitat les abone el devengo de los 44 días de la paga extra. Por su parte, Intersindical Valenciana advirtió que, de no extenderse el abono a la totalidad de los empleados públicos, iniciará acciones jurídicas «contra los responsables políticos que se niegan a cumplir las sentencias y convocará movilizaciones».
Desde la conselleria se esgrimió que «en un Estado de Derecho como el que vivimos aboga por el cumplimiento de las leyes. En todo caso la responsabilidad personal existiría en el caso de incumplimiento de la misma».
«En contacto con el ministerio»
«Estamos en contacto con el Ministerio de Hacienda y con otras comunidades y administraciones públicas para buscar soluciones para el abono de la parte proporcional o devolución de la paga extra del año 2012 y ver qué medidas se van a adoptar sobre el real decreto», explicaron, para agregar que «solo hay una comunidad autónoma que ha aprobado la devolución de los 44 días correspondientes a la paga extra de 2012».
Al mismo tiempo, dijeron no tener «conocimiento de que se haya emprendido ninguna acción personal contra ningún consejero o concejal de hacienda por cumplir el real decreto».
