La nueva ley de ordenación del territorio del Consell, que en breve se debatirá en las Corts, supone en la práctica una amnistía para las miles de casas ilegales diseminadas por el territorio valenciano. Una decisión que saca a la luz las carencias de servicios básicos como el alcantarillado y el suministro eléctrico, y evidencia el mal estado de muchos viales de acceso a las urbanizaciones, pero que también deja largos procesos judiciales entre ayuntamientos y vecinos, e incluso imputaciones a alcaldes y concejales.
El Camp de Túria/Los Serranos
Casi 30.000 viviendas ilegales
entre el Turia y la Calderona
Tras décadas de permisividad urbanística, la Universitat de València contabilizó en 1992 unas 28.000 viviendas ilegales en el Camp de Túria y Los Serranos, comarcas que por su proximidad a la ciudad de Valencia han sido históricamente el lugar preferido de muchos valencianos para su segunda residencia.
Llíria era el municipio con más chalés ilegales, unos 8.000 de los 9.000 con los que contaba, seguido por Riba-roja (5.000 de 7.000), Nàquera, (4.000 de 8.000) y Vilamarxant (3.360 de 3.500). Fue a partir de 2005, cuando la capital del Camp de Túria tomó la decisión de declarar urbanizables las 18 urbanizaciones situadas en suelo rústico. A cambio, sus vecinos se comprometían a formar una Agrupación de Interés Urbanístico e iniciar los trámites de los PAI necesarios para urbanizar los núcleos hasta entonces ilegales. Otros municipios de la comarca como Bétera, Riba-roja o Vilamarxant también han regularizado lo que la Ley Urbanística Valenciana (LUV) consideraba como áreas semiconsolidadas, instando a los residentes a que sean ellos los que ejecuten la urbanización.
En Los Serranos, destaca el caso de Pedralba. Un municipio con menos de 3.000 vecinos y más de 2.000 viviendas ilegales (según los datos de 1992). El consistorio diseñó un nuevo plan general para regularizar la situación de los núcleos residenciales.
La Ribera
Sólo 3 de las 12 urbanizaciones de Montserrat tienen todos los servicios
En Montserrat es, con más de cinco mil viviendas, la localidad de la Ribera con más chalés y casas de campo construidas en el término municipal. Cuenta con doce urbanizaciones y 21 colonias „agrupaciones de diseminados„que el Plan General de 1995 declaró suelo urbano, en las que se ubican aproximadamente la mitad de las construcciones, mientras que la otra mitad, más de 2.500, se encuentran fuera de ordenación y serían susceptibles de entrar en las fórmulas que la nueva Ley de Ordenación del Territorio valenciana arbitra para legalizar diseminados, según fuentes municipales.
Cabe señalar, no obstante, que sólo tres de las doce urbanizaciones „La Rabasa, la Asunción y Virgen de Montserrat„ cuentan con todos los servicios urbanísticos, alcantarillado incluido, mientras que en el resto no se ha acabado de desarrollar el PAI y carecen de algunos servicios, entre ellos el alcantarillado. La oferta de prestaciones es más precaria en las colonias.
Por otra parte, la construcción de grandes urbanizaciones como el caso de San Cristóbal, en Alberic, o Los Lagos, en Alginet, ha dado lugar a largos litigios. En el primer caso, el retraso en cumplir una sentencia por la que el Tribunal Superior de Justicia ordenó la conclusión de las obras de urbanización y al ayuntamiento que asumiera los servicios básicos ha provocado la imputación del actual alcalde.
La Safor
Oliva ordena derribar casetas
en el parque natural del marjal
El problema de las viviendas ilegales ha afectado en la comarca de la Safor tanto a las áreas de interior como a las de costa. En toda la franja de playa, hay casas fuera de ordenación en Tavernes de la Valldigna, Xeraco y Oliva. En zonas de interior, las construcciones han proliferado en medio de áreas agrícolas y forestales protegidas. Por citar los casos más importantes, Gandia, Ròtova y Palma de Gandia disponen de cientos de casas ilegales en la partida de Marxuquera. En el Real de Gandia, la urbanización Monterrey sigue sin alcantarillado, igual que la Llacuna o la Reprimala de Villalonga. Justo al lado, en la Font d´en Carròs, el ayuntamiento reconoce cientos de viviendas que se levantaron sin control en los huertos y laderas de los montes más próximos al casco urbano, pero, como en el resto de municipios, siguen sin proyectos para urbanizar. En Almiserà se construyó sin licencia en zonas de montaña, como en los espacios de la Puigmola y l´Avenc de la Donzella, situados en el término de Barx. En Simat de la Valldigna las casas diseminadas se cuentan por decenas en todo el término, pero destaca el área de les Foies, en pleno macizo del Mondúber. En Oliva, al margen de la franja litoral, las obras ilegales proliferaron en las montañas y áreas agrícolas en todas direcciones, incluyendo el suelo protegido del parque natural del marjal.
En los últimos años, los ayuntamientos han incrementado el control e incluso han aprobado costosos planes de urbanización con resultado dispar. El ejemplo más claro es el de Gandia, con obras en varias zonas de Marxuquera, pero sin infraestructuras en condiciones. Oliva también anunció proyectos de ese tipo, pero la crisis ha acabado congelándolos al considerar los propietarios una locura tener que pagar ahora miles de euros.
La Marina
Llíber: 300 familias esperan
desde hace 11 años una solución
Trescientas familias, sobre todo de residentes británicos, esperan desde hace al menos 11 años a que se legalicen las viviendas que compraron en Llíber convencidos de que tenían todos los permisos en regla. Los chalés eran ilegales y todavía hoy reciben en precario la luz y el agua. De hecho, algunos propietarios instalaron paneles solares por la falta de tendido eléctrico. El actual alcalde, José Juan Reus, del PP, les prometió en 2011 que regularía el suministro. Nada. También les dijo que el ayuntamiento aprobaría un PGOU que daría cobertura legal a sus casas. Pero esa solución tampoco ha llegado.
La mayoría de los vecinos están personados en la causa por estafa y delito contra la ordenación del territorio por la que están imputados, entre otros, el exalcalde popular José Mas Avellá, el exaparejador municipal Amador Signes y el promotor Miguel Muntaner. Entre 1999 y 2003, se construyeron y vendieron todos esos chalés ilegales. Llíber era un agujero negro en el urbanismo valenciano. Se construyó sin control en suelo no urbanizable. Los compradores, en su mayoría británicos, no advirtieron de la estafa, ya que todo estaba muy bien atado.
El Camp de Morvedre
Gilet se enfrenta a una multa
de un millón de euros
La presencia de viviendas sin legalizar se concentra en dos municipios: Albalat dels Tarongers y Sagunt. En ambos, la construcción se disparó durante los 70 hasta que en los últimos años la presión municipal impidió nuevas edificaciones en terrenos no urbanizables, lo que generó órdenes de derribo. Aún así, hay cientos de inmuebles sin alcantarillado y por lo que el ayuntamiento se ha enfrentado a una multa de un millón de euros. Sólo en Albalat se calcula que hay unas 3.000 casas ilegales. Mil de ellas están en núcleos consolidados cercanos a Náquera o a Sagunt. En Sagunt, el problema se concentra en zonas de monte como Romeu, Monte Caruana, La Pinada, Bonilles, el Plà del Bou o el Plà de l´ Aljub. Por su zona de playa, las urbanizaciones han ido creciendo en los últimos años, mientras siguen las viviendas sin legalizar y construidas por caminos agrícolas en zonas de marjal.
La costera/la canal/La Vall d´albaida
Ontinyent inicia procesos de
regularización individuales
La nueva ley urbanística ha sido acogida con cautela en Ontinyent, donde el ayuntamiento «está estudiando la normativa», que, en su opinión tendrá un largo recorrido de tramitación antes de su aplicación. El consistorio, no obstante, ya ha iniciado procesos de regularización de manera individualizada. En Xàtiva, la Associació de Veïns de Bixquert denuncia la falta de alcantarillado y las malas condiciones de algunos viales que no están asfaltados. También piden contenedores de basura en zonas de Bixquert que carecen de los mismos.
