La orden que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, dio hace unos días para que se investiguen los mensajes en las redes sociales que pudieran ser ofensivos o insultantes contra Isabel Carrasco, la presidenta de la Diputación de León presuntamente asesinada por dos mujeres, dio ayer sus primeros frutos con la detención del joven de Tavernes de la Valldigna.
Díaz hizo estas declaraciones tras conocer que se habían lanzado a través de la red social Twitter algunos mensajes insultantes sobre la muerte de la dirigente popular ocurrida el pasado lunes. Esta herramienta de internet ayudó a amplificar la polémica, al hacerse eco de las mismas algunos medios de comunicación, y eso obligó al Gobierno a salir para intentar cerrar el debate.
Como ya publicó ayer este periódico, Fernández Díaz anunciaba que «se iba a poner coto» a ciertas expresiones que incitan al odio y que, según él mismo dijo, «son susceptibles de ser consideradas como delito y, por lo tanto deben ser perseguidas».
Por contra, el diputado de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, acusó al Gobierno del PP de estar llevando a cabo «una caza de brujas que solamente tiene una dirección y se dirige hacia sus amigos y adversarios».
Hace unos días la policía detenía a 21 personas en toda España como autoras de un delito de apología con el terrorismo al lanzar mensajes a través de Twitter alabando a la banda terrorista ETA.
