El Tribunal Superior de Justicia ha impuesto ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación a Rafael Blasco por el caso Cooperación como autor de los delitos continuados de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, prevaricación administrativa y falsedad en documentación oficial. Los magistrados también han condenado al empresario Augusto César Tauroni a ocho años de cárcel y han impuesto penas de entre 3 y 4 años de cárcel a los otros siete procesados: 7 años de cárcel para Agustina Sanjuán, 4 años y seis meses de cárcel para Marcos Antonio Llinares, 3 años de cárcel para Javier Llopis, 7 años de inhabilitación para Josep Maria Felip, 4 años de cárcel para Alejandro Catalá, 4 años de cárcel para Marcial López y 3 años y medio de cárcel para María Josefa Cervera.
La acusación popular pedirá el ingreso en prisión de Blasco como medida cautelar por la elevada pena, hecho que la Fisacalía está estudiando, según han informado fuentes jurídicas
Blasco y el resto de condenados pueden recurrir la decisión ante el Tribunal Supremo, que podría resolver antes de Navidad. El exconseller está imputado por otras dos piezas del caso Cooperación que investiga la magistrada Pía Calderón.
La Fiscalía solicitó en su última intervención en el juicio contra Rafael Blasco que el exconseller fuera condenado a catorce años de cárcel por cuatro delitos al considerar probado el saqueo de fondos de cooperación. El fiscal Anticorrupción, Vicente Torres, situó a Blasco y a «su amigo» el empresario Augusto César Tauroni como los líderes de la trama y les acusó de utilizar su relación «para delinquir». El representante del ministerio público mantuvo su petición de cárcel para los nueve procesados al entender que participaron en el desvío de 1,6 millones de ayuda pública a Nicaragua de los que solo llegaron 43.000 euros e intervinieron en la ocultación del caso.
Vicente Torres recordó que la relación de Blasco con Tauroni es de hace casi quince años. El fiscal incidió en que en los años 2001 y 2002 Blasco aprobó desde la Conselleria de Bienestar Social adjudicaciones de más de ocho millones de euros a empresas del entramado de Tauroni como GCS. Torres añadió que Tauroni mantenía puntualmente informado a Blasco de la actividad de sus empresas a través de informes personalizados con la referencia «Presentación R. B.». Además, apuntó que esa relación de amistad y colaboración en el tiempo la acreditan hechos como que Tauroni tenía marcados en su agenda el día del cumpleaños del exconseller y los números de teléfono de sus colaboradores directos como su secretaria en la conselleria y algunos familiares. Torres recordó que la secretaria de Tauroni, Maribel del Castillo, confirmó en el juicio que su jefe se refería a Blasco como Conill y que ella sabía que iba a comer a casa del exconseller.
El caso Cooperación comenzó a investigarse tras trascender que la Fundación Cyes entidad, sin relación con la constructora, había adquirido cuatro inmuebles con las subvenciones de la Conselleria de Solidaridad que debían destinarse a un proyecto alimentario y a construir pozos de agua en Nicaragua. La Fundación Cyes pagó 416.000 euros a una empresa de Tauroni Arcmed por unos supuestos trabajos topográficos que el empresario reconoció en el juicio que había copiado de internet y que según las acusaciones esconden una comisión del 25 % por conseguir las subvenciones. El fiscal subrayó que el propio presidente de la fundación Marcial López reconoció que fue Tauroni el que le informó de las subvenciones.
El representante de la Fiscalía destacó que la fundación incumplió dos requisitos básicos de la convocatoria que eran tener experiencia previa y concurrir en red con otra ONG. En el primer momento una técnico de la conselleria Eva Solaz apartó a la entidad del proceso de selección al constatar que no cumplía los requisitos. «Tina Sanjuán, la secretaria administrativa procesada, se enteró de que la fundación había sido apartada y la volvió a introducir en el proceso a pesar de que excedía de sus competencias», sostuvo Torres. El fiscal subrayó que Sanjuán encargó un informe ad hoc a una consultora externa para que acreditara la experiencia previa.
Comisión evaluadora
La propuesta de la Fundación Cyes volvió a la conselleria con el informe de la consultora externa, pero se encontró con la oposición de cuatro de los cinco componentes de la comisión de evaluación porque entendían que no cumplía el requisito de la experiencia previa. El quinto componente de la comisión que sí estaba a favor era Tina Sanjuán. En ese contexto, se produjo la intervención clave de Rafael Blasco. El 31 de julio de 2008, el conseller reunió a la comisión y le exigió que aprobaran la subvención. «Blasco dijo en la reunión que él sabía que la Fundación Cyes cumplía el requisito de la experiencia previa. Blasco era consciente, tras pasar por siete consellerias, que aprobar la resolución con el criterio en contra de los técnicos era un suicidio absoluto por eso trató de amedrentarlos para que la validaran. Les dijo si nunca habían cometido una irregularidad», según denunció el fiscal. Torres añadió que esa misma noche Blasco informó a Tauroni de la oposición de los técnicos y el empresario contactó con la Fundación Cyes para que prepara documentos que justificaran la experiencia previa.
El fiscal resaltó que los técnicos finalmente aprobaron la resolución porque les engañaron al presentar documentación «falsa» que acreditaba la experiencia que no tenía.
