La consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, reconoció ayer en las Corts que ha rebajado el grado de prestación a 900 dependientes, según explicó la diputada de EUPV Esther López Barceló tras preguntarle por estas actuaciones en la Cámara valenciana. Sánchez Zaplana aseguró que esas rebajas «sólo» equivalen al 6 % del total de personas que se benefician de la ley de Dependencia en la Comunitat Valenciana. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ha anulado cuatro de estas disminuciones del nivel de dependencia por no haberlas justificado y sin motivo.
La diputada de EUPV preguntó a la consellera si estaba satisfecha por cuatro sentencias en las que los magistrados del TSJ acusan a la Conselleria de Bienestar Social de rebajar los grados de dependencia sin ningún motivo, lo que significó para algunos de estos discapacitados quedarse sin cobrar ninguna prestación. La consellera defendió lo «duro» que es aplicar esta ley y no contestó nada más «amparándose en datos», según Esther López.
López preguntó a la consellera si iba a pedir perdón a las familias por las 900 reducciones de grado y según la diputada de izquierdas no contestó a sus petición. Sánchez Zaplana aseguró que no va a abrir ninguna investigación interna por las cuatro sentencias.
El recurso al TSJ es el último que tienen los dependientes cuando obtienen resoluciones de la conselleria que no comparten. Este paso, además de complicado cuando estamos hablando de personas con muchas dificultades diarias y con pocos recursos, es muy caro tras la imposición de las tasas judiciales. Antes y tras habérseles reducido el grado de dependencia han tenido que recurrir en alzada ante la conselleria. Mientras los procesos administrativos y judiciales avanzan han pasado varios años.
