El secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia, Manuel Escolano, reconoció ayer en las Corts que en su departamento «pueden haber habido errores» en la rebaja de los grados de dependencia que ha acabado con la retirada de la prestación a decenas de usuarios. La oposición acorraló a Escolano con las sentencias del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano que demuestran que las Conselleria de Bienestar Social redujo el nivel de dependencia de manera «arbitraria» y «sin justificación». Éste negó que tras estas enmiendas de la justicia hubiera una «consigna política».
El secretario autonómico defendió en la Comisión de Política Social de ayer que las reducciones de grado las realizan funcionarios, aunque reconoció que su departamento ha tenido que recurrir a «las encomiendas de gestión». En ese sentido explicó que del total de dependientes «sólo» a un 8 % se les habían realizado revisiones a la baja de su nivel de discapacidad. Eso sí, el número aumenta exponencialmente en los menores de 18 años cuya reducción del grado representan el 32 % del total.
Escolano explicó que tras publicar este periódico las sentencias inició «una investigación» en la conselleria pero descartó que haya «una consigna política» para reducir gastos a costa de las prestaciones de los dependientes. El secretario autonómico afirmó que la gestión de la dependencia es tan «compleja» que «hasta en la sala del TSJ existen divergencias» en su aplicación. «Problemas tenemos muchísimos», llegó a decir el alto cargo.
Las diputadas de Compromís y EUPV, Mònica Oltra y Esther López, y el diputado socialista José Manuel Sánchez arremetieron contra el secretario autonómico por haber rebajado grados a los dependientes «sin justificación», como ha demostrado al menos en cuatro ocasiones la justicia.
Escolano reconoció las «demoras» en la resolución de expedientes de los usuarios, que en muchos casos fallecen sin recibir la prestación y anunció que «las sacará adelante».
