La Conselleria de Bienestar Social tarda más de 300 días en resolver si concede o no las prestaciones de la dependencia, según reveló ayer el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización de la ley de Dependencia. Además, el ente fiscalizador censura a la Generalitat por demorarse en la información que le requiere el Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (Sisaad), dependiente del Ministerio de Sanidad.

Según los datos facilitados ayer por el Tribunal de Cuentas, la Comunitat Valenciana, Andalucía y Asturias son las autonomías que mayores demoras tienen en la tramitación de expedientes. Mientras, el plazo medio de resolución en España entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de abril de 2013, se elevó a un total de 219 días (algo más de siete meses). Cabe recordar que en el caso de la autonomía valenciana más de 36.000 personas han fallecido desde 2008 sin serles reconocido el derecho a cobrar una prestación por los retrasos en los trámites, según han venido denunciando en los últimos meses desde la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia.

El Tribunal de Cuentas advierte de que, a pesar de que las autonomías han conseguido reducir durante 2012 y 2013 las solicitudes pendientes de resolución de reconocimiento de la prestación (se ha pasado de 305.901 a 190.503 personas), «el número sigue siendo elevado».

Ocho son las comunidades (Canarias, Murcia, Galicia, Aragón, la Comunitat Valenciana, Baleares, Andalucía y Castilla-La Mancha) que superan la media nacional (20,17 %) del citado número de solicitudes pendientes y en ellas se concentra el 75 % de los beneficiarios que están pendientes de percibir prestación.

También hay «excesivas demoras» desde las comunidades a la hora de introducir mensualmente la información que requiere el Sistema de Dependencia, tanto en el registro de expedientes nuevos como en la actualización de los restantes datos. En 2012 se acordó que las comunidades introdujeran mensualmente la información que requiere el Sisaad, pero el Tribunal constató demoras por parte de la Comunitat Valenciana y, «en menor grado, pero en todo caso como un retraso muy importante», de Cantabria, País Vasco, Madrid y Navarra.

Se han constatado asimismo «debilidades» relativas a la identificación de los beneficiarios, «lo que en ocasiones es causa de las restantes deficiencias», según el informe. Entre las recomendaciones hechas por el Tribunal se encuentra que las comunidades adopten medidas, tanto de gestión como presupuestarias, para evitar el incumplimiento del plazo de 6 meses para reconocer las prestaciones. Propone que las autonomías aseguren el control contable de todo gasto destinado a la atención a la dependencia.