Parecía que las elecciones europeas eran decisivas para las carreras políticas de un popular llamado Juncker y un socialista apellidado Schulz. Resulta que, de momento, aquellos comicios han ejecutado políticamente a socialistas como López (Patxi), Pérez (Rubalcaba) o Navarro (Pere) y a populares valencianos como Císcar (Pepe) o Castellano (Serafín). Este último cayó ayer del Gobierno de Fabra, según guión previsto, tras haber ocupado diversas consellerias durante 11 años, con Eduardo Zaplana, José Luis Olivas, Francisco Camps y Alberto Fabra. Con todos los patrones del PPCV, un hito que ni siquiera logró el condenado Rafael Blasco.
El presidente Alberto Fabra bajó ayer la escalera del patio del Palau para comunicar los cambios en su Gobierno con un botequín lleno de analgésicos en una mano y un discurso de exaltación de Serafín Castellano, en la otra, para evitar que su segunda remodelación del Consell en apenas quince días tras el relevo de Císcar por María José Catalá en la portavocía desencadenara en el PP un proceso de fusión nuclear. Para impedir que el cambio de Serafín Castellano en Gobernación generara una insurrección de los mismos barones provinciales que pidieron la cabeza del hasta ahora también secretario general del PP.
Fabra ha colocado a un hombre de perfil técnico, Luis Santamaría, como nuevo conseller. Es subdelegado del Gobierno desde enero de 2012, cuando lo nombró Paula Sánchez de León. Santamaría es licenciado en Ciencias Políticas y funcionario del Cuerpo Superior de Administraciones Civiles del Estado. Es hombre de todos (hasta tiene silla en la ejecutiva de Rus) y de nadie, que no lleva pinturas de guerra de ninguna tribu.
Intercambio de destinos
Santamaría permutará destino con Castellano. Porque el hasta ayer conseller de Gobernación será nombrado hoy, salvo sorpresa, delegado del Gobierno en la C. Valenciana. Fabra lo admitió implícitamente al señalar que la decisión depende del Consejo de Ministros y podría «ser resuelta en cuestión de horas». El inquilino del Palau ha logrado convencer a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría de la necesidad de darle una salida honrosa al hombre cuya ejecución política responde a una sentencia nominal de Génova, según algunos, o a una exigencia desde la dirección nacional de la necesidad de cambios en el Consell y el PP, que habría dado opción a Fabra de elegir nombre para la lápida. En uno y otro caso, por asentimiento o sugerencia expresa, la defenestración de Castellano marida con el deseo de los presidentes provinciales José Císcar, Alfonso Rus y Javier Moliner y de la alcaldesa Rita Barberá.
Ni el zaplanista alcalde de Altea, Miguel Ortiz, ni la secretaria autonómica y mano derecha de Castellano, Asunción Quinzá, fueron elegidos pese a ser los nombres que se barajaron con fuerza. La primera opción se habría interpretado como una agresión a Císcar al promocionar a un rival por el control territorial de Alicante. Nombrar a Quinzá, como pidió Castellano, habría desatado las hostilidades con Rus.
Fabra quiso enterrar al ya exconseller con honores. Elogió una trayectoria de «dedicación con intensidad a defender los intereses de los valencianos», con «vocación de servicio público» que aplicará, auguró, en su nuevo destino.
El presidente dijo estar «muy satisfecho por su capacidad, entrega y valía» y destacó su trabajo «especialmente útil» en Justicia y en temas «tan delicados» como los incendios en un año «muy complicado», como fue 2012. Entonces, ¿por qué lo ha relevado? «Era el momento del cambio», aseveró. El jefe del Consell también ha querido respetar a la familia política de Castellano. Porque situar a Santamaría, significa, según fuentes populares, garantizar al inminente delegado del Gobierno que no habrá limpieza de sus afines en la conselleria. En su nuevo destin, Castellano dispone de sólo tres o cuatro plazas de libre designación.
