La titular del juzgado de Instrucción número tres de Sueca ha imputado al alcalde de Cullera, Ernesto Sanjuán, por el incendio provocado por un castillo de fuegos artificiales. La magistrada ha citado a Sanjuán el lunes 14 de julio para que expliqué por qué autorizó el disparo del castillo en una zona forestal a pesar de la prohibición de los bomberos. La Fiscalía había pedido la imputación de Sanjuán por un presunto delito de incendio forestal por imprudencia grave por autorizar el disparo a pesar de que se había decretado el nivel tres de preemergencia. El fiscal considera que existen indicios para considerar que la responsabilidad máxima a la hora de realizar y autorizar el disparo y ejecución del espectáculo pirotécnico «corresponde» al alcalde y al edil de Fiestas «con independencia del resto de personas que pudieran aparecer como responsables» según avancen las pesquisas.
El incendio se produjo en la noche del 26 de abril. El Consorcio de Bomberos remitió un fax horas antes al alcalde de Cullera para informarle de que se había decretado el nivel tres de preemergencia y quedaba prohibido cualquier tipo de espectáculo pirotécnico en terreno forestal. Los bomberos alertaron a Sanjuán de que existía un riesgo extremo de incendio forestal por las condiciones climatológicas y le prohibieron expresamente disparar el castillo. El alcalde reconoció en un pleno que fue un error e insistió en que no respetó la advertencia porque los fuegos de la «Baixà» son una tradición centenaria.
Edil de Fiestas
La Fiscalía pidió la declaración como imputado del concejal de Fiestas Andreu Piqueras. El fiscal quiere que se interrogue como testigo a un trabajador del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat. El ministerio público también ha reclamado que comparezcan en el juzgado los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local que participaron en el desalojo de las viviendas afectadas por la proximidad de las llamas durante el incendio. Además, ha solicitado un informe sobre el impacto en el medioambiente a un perito ecotoxicólogo del Instituto de Medicina Legal de Valencia y quiere saber si se asistió a algún vecino por inhalación de humos durante el incendio.
El Consell también ha abierto un expediente sancionador por el disparo del castillo de fuegos artificiales. La Generalitat anunció que la sanción estaría tipificada dentro de las faltas muy graves. La Conselleria de Gobernación tiene seis meses para resolver el expediente, que se tramita de forma paralela a la investigación penal abierta por el juzgado.
La Fiscalía de Valencia acaba de remitir un escrito a todos los alcaldes y concejales de Fiestas de la provincia en el que les recuerda que las imprudencias por el lanzamiento de castillos de fuegos artificiales durante los festejos están penadas con hasta diez años de cárcel y el pago de una multa.
