Sólo ha hecho falta una chispa para provocar el estallido de una olla a presión agazapada en los despachos de muchos de los ayuntamientos del área metropolitana de Valencia. La chispa ha sido Ikea y su deseo de abrir su nueva tienda de Alfafar con total libertad domingos y festivos. Esta posibilidad ha abierto un brecha entre el alcalde de la localidad, el popular Juan Ramón Adsuara, contrario a las aperturas dominicales, y el conseller de Economía, Máximo Buch, favorable a la posición de la multinacional Sueca del mueble.
Lo cierto es el conflicto de Ikea ha roto de golpe todos los puntos de sutura de las batallas más o menos soterradas que desde hace meses libran la Generalitat, ayuntamientos, pequeños y medianos comerciantes y grandes superficies.
Toda la polémica tiene su origen en la modificación estatal sobre horarios comerciales ejecutada por el Gobierno de Mariano Rajoy en julio de 2012 por la que obligaba a 14 grandes ciudades españoles a determinar zonas de gran afluencia turística en las que se establecería la libertad total de horarios comerciales. Valencia fue una de las elegidas y al consistorio de Rita Barberá le tocó, en virtud de la nueva norma, establecer esas zonas. Con la intención de no generar discriminación entre las grandes enseñas y los promotores de los centros, en la práctica, el Gobierno local permitió a casi todos los centros comerciales del término municipal abrir todos los domingos y festivos. Así fue como Aqua, Nuevo Centro, Carrefour Campanar, Arena y El Saler obtuvieron un privilegio que no tenían otros espacios comerciales ubicados fuera del término municipal en virtud de la normativa autonómica, que fija un máximo de nueve aperturas festivas.
Fue el principio de una guerra de presiones que no tardaron en llegar al despacho del jefe del Consell, Alberto Fabra, quien para tratar de romper el cerco propuso la liberalización absoluta de horarios como medida estrella en el último debate de política general celebrado en las Corts en septiembre del año pasado.
La iniciativa desató otro incendio, esta vez con los pequeños y medianos comerciantes. Las patronales Cecoval, Covaco, Unión Gremial y también Asucova (que engloba a cadenas de supermercados como Mercadona Consum) mostraron su rechazo.
La salida de Fabra y su conseller Buch fue matizar que la propuesta de liberalización debía partir de los ayuntamientos por una solicitud de municipio de afluencia turística.
La olla a presión se trasladó entonces al ámbito local. Las grandes cadenas llevan meses pisando despachos y tratando de convencer a los alcaldes para que den el paso. Sin embargo, estos temen perder el respaldo de los pequeños y medianos comerciantes locales, frontalmente contrarios a las aperturas dominicales.
Algunas decisiones extrañas de la Conselleria de Economía, como dar libertad a horaria a Alcampo en Alboraia sin consultar con el municipio o posicionarse del lado de Ikea frente al alcalde de Alfafar han echado más leña al fuego del debate.
Organizaciones de comerciantes como Cecoval o Covaco han reclamado al Consell que replantee su política de horarios comerciales. «Toda esta arbitrariedad a la hora de resolver un problema que en todos los casos es el mismo está generando una confusión que no contribuye al desarrollo comercial de la Comunidad con las suficientes garantías jurídicas», dice la presidenta de Covaco, Encarna Sanchis.
A esto se une que pese a que la patronal de las grandes superficies Anged defiende los efectos económicos positivos de las liberalización y habla de incremento de ventas, el resto de patronales afirma que la experiencia valenciana no ha servido para elevar ni la facturación ni el empleo.
