La Guardia Civil ha destruido con autorización del TSJ las armas de guerra intervenidas al grupo neonazi Frente Anti Sistema antes del juicio. El fiscal pidió la exhibición del arsenal requisado a la banda y en ese momento la sala que tiene que juzgar el caso descubrió que la prueba ya no existe. Las defensas celebraron ayer la eliminación de la prueba reclamada por el ministerio público. El juicio contra los 18 acusados arrancará el próximo 14 de julio.
Las armas de guerra intervenidas al grupo permanecían custodiadas en un depósito de la Guardia Civil. Los agentes se incautaron de un bazuca que estaba inutilizado y armas semiautomáticas. La Guardia Civil descubrió tras intervenir el lanzagranadas que en el grupo se habían integrado dos militares y la novia de uno de ellos. En la vivienda del edil de España 2000 en Silla José Alejandro Serrador Ferrer los agentes encontraron una escopeta semiautomática de la marca Benelli, 180 cartuchos del calibre 12, un despellejador y varias armas blancas. El grupo ocultaba en su sede social de Valencia una ballesta-pistola y un hacha. Los guardias también requisaron al grupo una carabina del calibre 22, varias pistolas semiautomáticas, bolígrafos-pistola, catanas, machetes y una máquina recargadora de munición.
La Audiencia señaló el juicio hace tres semanas. En ese momento, la sala le remitió un oficio a la Guardia Civil para que entregara las armas intervenidas al grupo para poder exhibirlas en el juicio como pedía el fiscal. La Comandancia informó a la Audiencia que el TSJ había comunicado que se procediera a su destrucción. Fuentes de las defensas explicaron que «es un error grave» porque los abogados ahora pueden cuestionar ahora en el juicio la validez de la prueba. «No podemos preguntar a los acusados si reconocen que esas armas en concreto eran suyas ni tampoco pedir un contrainforme pericial sobre si estaban preparadas para ser utilizadas», precisó ayer uno de los abogados defensores. Otro letrado coincidió en que el error judicial favorece a sus intereses.
El grupo Frente Anti Sistema (FAS) fue desarticulado en Valencia en septiembre de 2005. Los procesados, según la Fiscalía, se dedicaban a realizar proselitismo y adoctrinamiento de la ideología nacional socialista a través de una página web y de charlas en su sede social. La banda justificaba las medidas que adoptó el gobierno alemán contra el pueblo judio y negaba el holocausto. Entre los 18 procesados está el asesino confeso de Guillem Agulló, Pedro Cuevas. El fiscal reclama que once acusados sean condenados a 2 años de cárcel, cuatro a 3, dos a 6 años y dos a 2 años y medio.
