El decano del Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana (COIIVC), Miguel Muñoz, consideró ayer que «con la excusa de la liberalización de servicios, el Gobierno está lanzando un ataque sin precedentes a la sociedad civil, personificada en los colegios profesionales, un sector de la sociedad que no está bajo el control del poder político».

Muñoz ha criticado en un comunicado el proyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales que tiene previsto aprobar mañana el Consejo de Ministros ya que su objetivio «es reducir la relevancia de los colegios a la mínima expresión para que dejen de dar voz a sus respectivos sectores profesionales».

A su juicio, el Gobierno ha desoído sistemáticamente a los colegios y asociaciones profesionales durante la preparación de esta ley, cuya entrada en vigor supondría una «grave vulneración para estas corporaciones, ya que las estrangularía económicamente», según añadió.

El decano de los ingenieros industriales recordó que sin un buen funcionamiento de los colegios profesionales «se pone en peligro la seguridad de las personas, se favorece el intrusismo profesional y se crean graves asimetrías entre profesiones técnicas sin proponer ninguna solución a la nueva realidad de titulaciones emanada del proceso de Bolonia».

Otro de los agravios de esta ley, según Muñoz, es que genera «una asimetría importante a favor de los profesionales foráneos, que sólo puede tener por consecuencia el aumento de las dificultades de nuestros ingenieros en el exterior y el descrédito de su valoración», quien acusa al Gobierno de ignorar «el papel de los colegios para proporcionar un seguro de responsabilidad civil a sus colegiados en condiciones económicamente accesibles». Por todo ello, el decano del COIICV ha solicitado la modificación de esta ley «para que los colegios puedan seguir contribuyendo como hasta ahora a regular a sus profesionales y a mantener y mejorar el nivel de los servicios que prestan, todo ello en beneficio de la sociedad».

El día anterior, el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia y presidente de Unión Profesional, Mariano Durán, reclamó una reunión con el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, para trasladarle«la preocupación de los 100.000 profesionales de la Comunitat, que representa» ante el «incumplimiento» del Gobierno central con 100.000 valencianos en materia de colegios profesionales.