La gestión económica de los gobiernos del PP en la Generalitat ha acabado convirtiéndose en un problema nacional. La Comisión Europea anunció ayer la apertura de una investigación por la «posible manipulación» de las cifras de déficit y deuda por parte del Consell al haber ocultado de «forma sistemática» y «a lo largo de muchos años» miles de millones en facturas en los cajones de Sanidad, un gasto para el que no se tenía dotación presupuestaria y que no se contabilizaba, con lo que se falseaban los datos de la C. Valenciana y, por extensión, de España. La ocultación quedó al descubierto en 2012 cuando el Gobierno, forzado por Bruselas, comenzó a poner orden a las facturas impagadas de las autonomías con el Plan de Pago a Proveedores. Este mecanismo permitió entonces al Consell abonar ?.??? millones el ?? ? de las facturas en España, de los que 1.842 correspondían a gasto sin contabilizar. Casi mitad (861 millones) se imputó a 2011 y el resto, a años anteriores (2008 a 2010). Como consecuencia de ello, el Ejecutivo de Rajoy comunicó en mayo de 2012 a la UE que «la detección de gastos no registrados» en Valencia y Madrid obligaba a revisar al alza el déficit del Estado en 2011 declarado semanas antes, del 8,51 % al 8,9 %.
La Oficina Estadística de la Comisión Europea (Eurostat) puso en marcha una «inspección» para investigar el caso y «consideró que el asunto de Madrid podría considerarse un ajuste excepcional», según explicó ayer la CE en un comunicado. «En cambio, el asunto de Valencia dio motivos de preocupación», prosigue, para añadir: «Resultó que la Intervención General de la Generalitat había enviado sistemáticamente información incorrecta a las autoridades estadísticas nacionales a lo largo de muchos años». De ahí que el caso trasciende el cierre de 2011 y tampoco cuestiona las cifras aportadas por España (los últimos datos se asumen como correctos) sino que pone en el punto de mira la práctica del Consell hasta 2012 de gastar sin presupuesto y ocultar las facturas.
Un recurso del que abusaron los Ejecutivos del PP: El Síndic detectó 24,5 millones en facturas en los cajones en 1988 y, al cierre de 1995, seis meses después de llegar los populares al Consell, había 178. El PP fue engordando la bola hasta los 3.506 millones en 2011. Desde 2007 el Consell iba reconociendo una parte de esas facturas (aunque no en el presupuesto) y las financiaba con préstamos, el «cajón legal» de las cuentas 409 y 411. Pero otro montante, 1.800 millones, siguió totalmente oculto. A partir de 2012 se regularizó la situación y en la actualidad, según el Consell, ya no hay gasto escondido. El abono de 1.800 millones vía Plan de Pagos está ya siendo investigado por la Fiscalía de Valencia tras una denuncia de CGT.
La investigación llega en el peor momento para el Consell, que mantiene un pulso con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al negarse a aplicar nuevos recortes tras incumplir el déficit de 2013 y reclamar un fondo de compensación de 1.000 millones por la infrafinanciación desde 2002. El caso no solo debilita la posición de la Generalitat sino que, como algunas voces apuntaban ayer, abriría incluso la puerta a una eventual intervención. Además podría tener graves consecuencias. La Comisión puede llegar a imponer sanciones de hasta el 0,2 % del PIB. La condena recaería sobre el Gobierno que es el interlocutor con la CE, si bien éste la podría repercutir a la C. Valenciana, y el montante podría ascender hasta los 2.000 millones. No obstante, fuentes de la Comisión precisaron que el 0,2 % es un máximo y que, de haber multa, quedaría lejos del 0,2 % ya que se trata de una única región y de un tipo de gasto. Desde el Consell se esgrimió que no cabe sanción porque se trata de una práctica que «ya se ha corregido» y no podría aplicarse con efectos retroactivos.
Según la CE, la investigación examinará si la declaración errónea, «de forma deliberada o por negligencia grave», de los gastos del Consell «tergiversó» los datos nacionales de déficit y de deuda de España a lo largo de varios años. Según refirió ayer la Comisión, la Intervención General, a cuyo frente estaba Salvador Hernándiz (en la actualidad, curiosamente, en la Sindicatura de Comptes), «además de no haber notificado considerables gastos sanitarios», «no había respetado el principio de devengo previsto por los reglamentos a nivel nacional y de la UE».
Se hizo «caso omiso» al Síndic
«A esto se añade que se hizo caso omiso, al parecer, de los informes del Tribunal de Cuentas autonómico y de las observaciones de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana que habían identificado estos problemas». Y es que en la visita de los inspectores en 2012, los responsables de Sanidad trasladaron que ellos remitían las facturas y que era Hacienda la que no las computaba. Aquellas inspecciones se tradujeron en un informe con recomendaciones y Eurostat sigue «muy atento» a su cumplimiento. En septiembre de 2013, efectuó una inspección en España con el fin de confirmar sus conclusiones sobre la notificación incorrecta de la C. Valenciana. El resultado fue recomendar a la CE la apertura de una investigación.
