El juicio que se celebra desde el lunes en la Audiencia Provincial de Valencia contra 18 supuestos neonazis pertenecientes al grupo Frente Antisistema quedó ayer visto para sentencia. En la cuarta y última sesión, la acusación popular pidió elevar las penas contra los 18 procesados por los delitos de asociación ilícita, tenencia de armas prohibidas y tenencia de armas de fuego sin licencia. Si al inicio del juicio pedían 3 años de cárcel para los fundadores y jefes de la organización y 2 años para cada uno de los miembros restantes, ayer subieron la petición de penas a 4 y 3 años, respectivamente. El fiscal mantuvo en 3 y 2 años su petición de penas. Las defensas, por su parte, reclamaron la absolución de los procesados y jugaron la baza ante el tribunal de que no se admitan las intervenciones telefónicas a los procesados. Es la cuestión que más preocupa a la acusación popular. «Tenemos la preocupación de que se reproduzca lo ocurrido en 2005 con los miembros de la Operación Armagedón, que por falta de reconocimiento de pruebas salieron absueltos los acusados», explicó ayer un portavoz de la acusación.
La acusación popular que ejerce Esquerra Unida, ERPV, Movimiento contra la Intolerancia y Acció Cultural del País Valencià entiende «justificada» la intervención y escucha telefónica realizada por la Guardia Civil por orden judicial, «para saber y conocer la gravedad de los hechos que estaban sucediendo a partir de una web desde donde se comercializaban armas de fuego y armas blancas, un grupo conocido por su peligrosidad en donde se encontraba un condenado por homicidio y otros por lesiones graves, y una organización que distribuía manuales de guerrilla urbana y otros materiales que justificaban el Holocausto».
La validez de las escuchas telefónicas deberá ser considerada por el tribunal, que en la segunda sesión del juicio sí consideró legales los registros domiciliarios en las casas de los procesados donde se hallaron las armas pese a no estar delante sus abogados.
