Dirigentes del PPCV próximos al exbarón provincial de Castelló, Carlos Fabra, están distribuyendo un escrito entre cargos populares con la finalidad de solicitar su indulto tras haber sido ratificada por el Tribunal Supremo su condena a cuatro años de prisión por fraude fiscal. El texto, que de momento obra en poder de escasos dirigentes, arrancan de este tenor: «Que D. Carlos Fabra Carreras es una persona honesta y trabajadora, que ha cumplido con sus compromisos, personales, sociales y laborales y ha demostrado sobradamente su valía y buen hacer».
«Sentimos -prosigue el escrito- un gran respeto por él tanto a nivel personal como en las funciones que ha desempeñado como cargo público». Con estos argumentos se acaba solicitando el indulto para Carlos Fabra. El expresidente de la Diputación de Castelló aseguró en su día que no pediría el indulto al entender que no era responsable de los hechos que se le imputaban. Sin embargo, ante el desarrollo de los acontecimientos y según aseguran fuentes del PP, ha sido el propio Fabra el que ha inspirado la recogida de firmas, que se encuentra ahora todavía en fase embrionaria. La intención, según ha podido saber este periódico, es trasladar este modelo de solicitud de indulto a asociaciones y colectivos sociales, especialmente de Castelló, para que rubriquen el contenido del texto, que deberá ser remitido al ministerio de Justicia.
Así las cosas, en los últimos tiempos, el departamento de Alberto Ruiz-Gallardón ha cerrado la puerta a los indultos, particularmente a los que afectan a cargos políticos. El último caso que ejemplifica el giro de Justicia es el del exdiputado autonómico y exalcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, al que el Gobierno denegó el indulto. El miércoles pasado fue al TSJ ha recoger la notificación de ingreso en prisión. Ayer mismo, el expresidente de Baleares, Jaume Matas, que también pidió la gracia, ingresó en prisión.
Los diputados del PPCV en las Corts ya recogieron firmas para el indulto de Hernández Mateo en medio de un gran escandalo nacional.
La semana pasada el Tribunal Supremo confirmó la condena de cuatro años de cárcel que la Audiencia de Castelló impuso a Fabra por cometer cuatro delitos contra la Hacienda Pública en los que habría estafado más de 693.000 euros entre 1999 y 2003. Fabra recurrirá al Tribunal Constitucional.
