El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha repetido en numerosas ocasiones que quienes deben crear empleo son los empresarios y no las administraciones. Sin embargo, con cerca de medio millón de parados y las elecciones a la vuelta de la esquina, el PP se ha decidido a reducir las listas del paro con el presupuesto público. La iniciativa, a la que hoy dará luz verde la Diputación de Valencia, y que abre la puerta a que los alcaldes de la provincia contraten a más de 6.000 personas al menos durante dos meses surge como consecuencia del fracaso del plan de empleo que lideró el jefe del Consell al inicio de la legislatura y con el que Fabra aspiraba a acabar en 2013 con 15.000 parados menos.
El plan fue diseñado con el objetivo de que con el aliento financiero de las tres administraciones (Generalitat, diputaciones y ayuntamientos) los empresas locales se animaran a contratar parados. Sin embargo, la idea no entusiasmó a nadie: sólo un tercio de los municipios de la Comunitat Valenciana 197 de los 542 se acogieron y los que lo hicieron apenas lograron convencer a los empresarios para que ficharan a sus vecinos. Como muestra un botón: la provincia de Valencia que aspiraba a contratar a más de 5.200 personas, acabó sacando del paro a tan sólo 270 personas. La desconfianza de los empresarios y la de los propios ayuntamientos respecto al compromiso presupuestario de la Generalitat arruinó el proyecto estrella de Fabra.
El pinchazo llevó a la Generalitat y a las diputaciones a reconsiderar el plan, de tal manera que ahora, el empresario será el propio ayuntamiento. Precisamente, en las bases del primer plan de prohibía expresamente que el dinero se usara para que los ayuntamientos y entidades locales hicieran contratos directamente.
La corporación provincial que dirige Alfonso Rus desbloqueará hoy este segundo plan de empleo con el objetivo de sacar del paro a 6.400 personas. Cada municipio, en función del número de parados, tendrá un cupo para contratar. La horquilla va desde los 590 puestos para el cap i casal hasta las dos plazas que les correponden a municipios pequeños. Los contratos serán subvencionados a partes iguales por la Generalitat, la diputación y la corporación provincial. La Generalitat transferirá su parte a la diputación y esta, a su vez, adelantará el dinero a los consistorios. En su conjunto, el plan está valorado en unos 6,7 millones de euros, de tal manera que cada una de las administraciones implicadas pondrá 2,2 millones.
Los contratos tendrán al menos dos meses de duración y una jornada mínima de 20 horas semanales, pero deberán suscribrirse antes de finalizar 2014. Dadas las fechas estivales, los ayuntamientos tendrán que ponerse las pilas si quieren beneficiarse de un plan que, tras años de ajustes y penurias, les supone un balón de oxígeno de cara a sus vecinos. La diputación de Castelló desbloqueó su plan el pasado martes y la de Alicante hizo lo propio hace un par de semanas.
El abanico de posibilidades de contratación es amplio. Así, los empleos podrán crearse en «servicios de utilidad colectiva», tales como obras de vivienda, mantenimiento de espacios públicos, transportes colectivos y actividades que afecten a la gestión de residuos. También podrá contratarse personal para los servicios de ocio y cultura e incluso en servicios personalizados de cuidado de niños, prestación de servicio a domicilio a personas incapacitadas o colectivos en riesgo de exclusión. Los alcaldes, que han visto como sus servicios sociales se han deteriorado por los recortes, llevan tiempo reclamando poder ampliar su plantilla, para atender las necesidades sociales de sus municipios.
