Los magistrados titulares y los secretarios judiciales de los juzgados de ejecutorias de Valencia rechazan asumir los asuntos de Alzira, Torrent y Paterna. Los responsables judiciales se oponen al plan diseñado por el TSJ para desatascar los tres juzgados de lo Penal de Valencia que están fuera de la capital porque implica asumir más de 2.200 asuntos extra cada año y no están preparados. Los cuatro juzgados de Valencia reclaman más personal para poder tramitar en condiciones la nueva carga de trabajo. Los jueces y secretarios han firmado un recurso dirigido al Poder Judicial para que deje sin efecto el acuerdo que entró en vigor el 1 de julio por el que los casos de Alzira se ejecutan en Valencia. La medida es el paso previo a la presentación de un recurso contencioso-administrativo.
Los juzgados de ejecutorias son órganos especializados en ejecutar las sentencias que dictan los magistrados de lo penal. Es un tipo de juzgado especial que solo está implantado en seis provincias de España (Valencia, Madrid, Barcelona, Palma, Guipúzcoa y Vizcaya). En el resto del Estado, el mismo juzgado resuelve y controla el cumplimiento de la condena. La ejecución de la sentencia, según fuentes judiciales, es la parte más laboriosa. Hasta ahora, todos los juzgados de lo Penal que están fuera de Valencia (Gandia, Torrent, Alzira y Paterna) dictaban sentencia y la ejecutaban.
El TSJ ha aprobado que Alzira, Torrent y Paterna dejen de ejecutar las sentencias, aunque en los dos últimos casos todavía lo tiene que refrendar el Poder Judicial. En el caso de Alzira, el Poder Judicial aprobó en junio que a partir de julio todos las ejecutorias pasaran a los cuatro juzgados de Valencia. Los jueces titulares de los juzgados perjudicados han recurrido la decisión porque consideran que es nula. El escrito sostiene que este tipo de acuerdos siempre tienen que entrar en vigor el 1 de enero del año siguiente y deben ser publicados en el Boletín Oficial del Estado, dos circunstancias que no se dan en el caso de Alzira. Además, los jueces advierten de que la ley impide al Poder Judicial establecer que «una parte de la tramitación de un asunto se siga en un juzgado constituido en una población y otra parte de la tramitación se siga en un órgano judicial de otra localidad distinta (...). Si además, como es el caso, el acuerdo se adoptase y se ejecutase sin ningún tipo de publicidad y prescindiendo totalmente del procedimiento establecido, nos encontraríamos con que el Poder Judicial podría decidir en cualquier momento qué juzgado debe conocer de un determinado procedimiento», posibilidad expresamente prohibida por la ley.
Los jueces titulares y los secretarios afectados añaden que «una prueba de esto es que no existe ningún otro caso en todo el Estado español en que un juzgado tenga la sede en una capital y se encuentre constituido en una población distinta pero solo para tramitar una parte de los asuntos». Fuentes de la Ciudad de la Justicia alertaron de que los abogados pueden recurrir si los jueces de Valencia ejecutan las sentencias de Alzira.
La razón de fondo del rechazo es que los jueces están en contra de que haya juzgados penales de Valencia desplazados en Alzira, Torrent y Paterna, y que además tengan privilegios y más personal. Fuentes judiciales lamentaron que la Generalitat promovió el desplazamiento de sedes por motivos políticos con la excusa de acercar la Administración de Justicia a los ciudadanos. La tendencia ahora es la inversa. La apuesta del Poder Judicial es concentrar todos los juzgados en las capitales de provincia para ahorrar costes. El único juez que no ha firmado el escrito es el magistrado sustituto del juzgado de ejecutorias número 14. El juez tiene su plaza en propiedad en Alzira.
