Los hoteleros de Valencia han advertido de un crecimiento «espectacular» de la economía sumergida y de la actividad económica ilegal en la provincia de Valencia, y más concretamente en la ciudad. De hecho, aseguran que uno de cada cuatro turistas que llega a este destino opta por un alojamiento no reglado.

Los datos los facilitaron ayer el presidente de la Unión Hotelera de Valencia (UHPV), Luis Martí; la presidenta de la Asociación Empresarial de Agencias de Viajes (Aedave), Teresa Altarejos; y el presidente de la Federación de Hostelería de Valencia (FEHV), Manuel Espinar.

En general, los expertos han señalado que este verano, mientras ha habido un incremento de ocupación hotelera en la provincia de Valencia, en torno al 6%, también ha disminuido el número de cruceristas (-27%), el consumo en establecimientos hosteleros (-0,1%), y se ha mantenido el número de viajeros.

Pero todos ellos han coincidido en un punto alarmante detectado este verano: el crecimiento de la economía sumergida. Al respecto, Martí ha explicado que hay en torno a un 25% de oferta ilegal, lo que significa que uno de cada cuatro turistas que llega a la ciudad o a la provincia de Valencia se aloja en un establecimiento no reglado apartamentos, hostales, pensiones, etc.

Así, ha indicado que si hay 21.000 plazas de alojamiento en Valencia, unas 5.000 son ilegales: «Siempre ha habido una oferta ilegal, en apartamentos que se alquilan y en los que no hay transacción ni se tributa, pero este año se ha incrementado de forma espectacular respecto del año pasado». En 2013 esta economía sumergida se situaba en torno a un 15%.

Por otro lado, los hosteleros creen que el adelanto de exámenes a julio y del inicio de curso escolar ha concentrado las vacaciones familiares en el periodo más «caro» y «complicado», que es el mes de agosto.

Al respecto, Altarejos explicó que se ha registrado un descenso «muy significativo» de viajes tanto en la última semana de agosto, como en la primera de septiembre y en la primera quincena de julio, pese a que son dos periodos en los que se ofrecen precios «mucho más asequibles» para las familias.

En cualquier caso, Altarejos explicó que esta reflexión «no es un reproche o una crítica», puesto que son las autoridades educativas las que tienen que valorar las modificaciones del calendario.