La mayoría del PP en la Diputación de Valencia dio ayer la vuelta a una moción del PSPV para lanzar su apoyo públicamente a la reforma de la Ley Electoral que contempla que el candidato que encabece la lista más votada en las Elecciones Locales sea elegido alcalde. Esta muestra de apoyo a las tesis del Gobierno se produce una semana después de que el presidente Mariano Rajoy haya hecho movimientos para aparcar esta reforma ante la negativa de todos los partidos de la oposición a secundarla.
Tampoco en la diputación la enmienda del PP a la moción inicial del PSPV que pedía lo contrario encontró ayer el apoyo, ya que tanto los socialistas como Compromís y EUPV votaron en contra. El portavoz del PSPV, José Manuel Orengo, afirmó que la iniciativa del Partido Popular «no es mejorar el sistema de elección, busca obtener ventajas en las elecciones municipales. Ha perdido la mayoría social, pero quiere cambiar unilateralmente las reglas del juego».
El presidente de la Diputación de Valencia y del PP en la provincia, Alfonso Rus, consideró una «barbaridad» que «cuatro partidos» políticos gobiernen un ayuntamiento fruto de las coaliciones que se puedan conformar tras las elecciones municipales y afirmó que «la gente no quiere aventuras» y que prefiere que «quien esté bien no se mueva».
Por su parte, la diputada de Esquerra Unida, Rosa Pérez, tildó la modificación de la ley de antidemocrática» y «con una clara intención del PP de perpetuarse en el poder». El diputado de Compromís, Emili Altur, argumentó que esta propuesta supone dejar a los ayuntamientos sin contenido político y que los alcaldes sean gestores.
El diputado de Empresas Públicas, Rafael Pérez, aseguró que va a reunir a la oposición para explicar la situación de la empresa pública Girsa, a la que la diputación ha inyectado cuatro millones de euros para que no quiebre, ocho millones en el último años.
El diputado, igual que Rus, defendieron la continuidad de la empresa para mantener los 130 puestos de trabajo. La diputada de EU, Rosa Pérez, aseguró a este periódico que los empleos están garantizados porque los trabajadores deberían ser subrogados.
