El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, señaló ayer la puerta de salida a la alcaldesa e Alicante, Sonia Castedo, después de conocerse su segunda imputación por un presunto caso de corrupción. El jefe del Consell dejó la decisión en manos de Castedo, aunque evidenció su deseo de que deje el escaño de forma voluntaria. «Es la alcaldesa quien debe valorar en cualquier momento lo que significa para ella y para la institución su acta de concejala», apuntó el presidente, que sin embargo, no quiso dar claramente su opinión sobre si pensaba que debía dimitir: «Yo guardo para mí lo que es mi opinión y espero que todas las personas que ostentan un cargo público, en un momento donde hay una desafección importante de los ciudadanos hacia los políticos, sean transparentes». Eso sí, dejó claro que sus líneas rojas la dejan fuera de aspirar a un nuevo mandato: «Los imputados no van a repetir», indicó.

Castedo, sobre la que ya pesa una imputación en la pieza separada del caso Brugal relativa al presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, ha sido también citada a declarar el próximo 27 de noviembre por el juez que instruye las diligencias de la tramitación del plan urbanístico de Rabasa.La investigación judicial guarda relación con la denuncia presentada hace dos años por Esquerra Unida contra Castedo, su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, el empresario Enrique Ortiz y cinco personas más. La formación sostiene que los hechos tienen relación con el convenio de implantación de la multinacional Ikea en los terrenos de ese barrio y el presunto amaño del PGOU de la ciudad. Ortiz, también imputado en Brugal y que fue adjudicatario del plan Rabasa, también está citado.

El magistrado ha tomado esta decisión tras tener en su poder el informe completo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef). En su auto relata que la tramitación del expediente administrativo objeto de investigación, y estando suspendida la ejecución del Plan Parcial de Rabasa desde el 9 de diciembre de 2009 por orden del TSJ de Valencia, el Ayuntamiento de Alicante continúa con su tramitación. Y añade que «en el informe policial existen indicios de que esta actuación pudo realizarse para beneficiar los intereses del empresario Enrique Ortiz». Añade que estos hechos podrían ser constitutivos de «los delitos de prevaricación del artículo 404 y de tráfico de influencias del artículo 428 y 429 del Código Penal».

En la misma línea de Fabra se pronunció la número dos del PPCV, Isabel Bonig, y el vicepresidente y presidente del PP de Alicante, José Císcar. «La línea roja está marcada y no habrá imputados por casos de corrupción», dijo Bonig quien, no obstante, matizó que las medidas se tomarán cuando llegue el momento. Fuentes del PP consultadas por este diario admitieron que la situación en Alicante es cada vez más complicada, pero descartaron ejercer medidas de presión para desde dentro del grupo municipal tratar de echar a la alcaldesa.